Prisas intergubernamentales /4

La ausencia casi total de la sociedad civil y la presencia sólo convencionalmente representada de los ciudadanos en la Convención constituyó a los Estados y a sus Gobiernos en protagonistas exclusivos de la propuesta que acaban de firmar en Roma. Lo que, aparte de mermar la legitimidad constituyente del resultado, ha confirmado el primado de la lógica estatal sobre el principio comunitario. Con lo que ese OPNI -Objeto Político No Identificado- a medio camino entre lo supra y lo intergubernamental, se ha escorado hacia el segundo término y amenaza con adquirir gracias a su paraconstitucionalización, condición permanente. Tan es así que los partidarios de este Tratado han recurrido al malabarismo retórico de la expresión federalismo intergubernamental, pura contradicción categorial, para celebrar el triunfo de los Estados. Ellos solos confieren las competencias a la Unión limitándose los ciudadanos a una vagorosa inspiración que no encuentra ninguna formulación normativa concreta. El ejercicio de esas competencias se practica desde sus inicios según la modalidad comunitaria, lo que atenúa la intergubernamentalidad y justifica la dimensión federal/confederal que sus defensores quieren atribuirle, pero sin que invalide el poder de decisión que siguen conservando los Estados, que va desde el veto propio de la unanimidad hasta la carrera de obstáculos que representan las mayorías cualificadas. Es verdad que la exigencia de unanimidad ha ido disminuyendo poco a poco y que el Tratado constitucional supone un avance en esa dirección. Pero conservando un control absoluto -decisiones unánimes- en todos los temas capitales: modelo económico, autonomía del BCE, PESC, fiscalidad, temas sociales y en particular reformas de la Constitución. Se pretende que el derecho de iniciativa ciudadana que pueden instar un millón de ciudadanos es una brecha importante en ese poder, lo que ha llevado a algunos a decir que con ello se instala la democracia participativa en Europa. Pero es olvidar que se trata de una simple propuesta a la Comisión que ésta puede aceptar y trasladar al Parlamento y al Consejo, o simplemente rechazar y ahí se acaba todo.

La Comisión es entre las instituciones europeas la menos intergubernamental y la expresión del interés común europeo. Desde esa consideración hay que reconocer que en el Tratado constitucional, al dejarla como estaba, no sale malparada. Pero esa neutralidad de los Estados tiene retranca porque de lo que se trata es de situarla en el nivel de la incompetencia y de empujarla de facto hacia la función de un puro secretariado ejecutivo. En efecto, no cabe que, como va a suceder, una estructura de gestión administrativa aumente en casi el 50% su contenido de trabajo y mantenga constantes sus presupuestos de funcionamiento y sus efectivos funcionariales. Frente a ese improbable milagro de los panes y los peces, la única respuesta posible será la de intensificar el recurso a la externalización de las tareas que impuso el vicepresidente Kinnock -ya existen 19 agencias reglamentarias que asumen actividades que antes hacía la Comisión-, lo que equivale a devolver a los Estados, casi siempre para peor, cometidos que se habían transferido a la Comisión.

Una Constitución es un texto que sólo es inteligible y útil en función de su contexto. En el nuestro de hoy con un Reino Unido incondicionalmente euroatlantizado y con unos países que todavía no se han liberado del peso (miedo) de 40 años de dictadura soviética y que están aún en las mieles del mercado consumista more americano, será imposible conseguir unanimidades e incluso mayorías cualificadas que nos hagan avanzar de acuerdo con nuestro modelo europeo de sociedad. El tiempo y la pedagogia que ellos necesitan para vivir la Europa de hoy, lo necesitamos nosotros para sustituir las viejas razones de nuestra voluntad europea por las actuales. Un largo debate sobre la Constitución es una excelente oportunidad para entrar en ello, que, una vez más, razones y urgencias intergubernamentales -alianzas entre grupos de Estados, calendarios electorales en cada uno de ellos, etcétera- nos hacen sacrificar. ¿Por qué la política ha de apostar siempre al plazo inmediato, en el que nada importante puede hacerse?