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PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La Junta facilita a Cajasur el cambio de estatutos para acelerar su vuelta a la tutela autonómica

Los plazos legales permiten a la Iglesia mantener el poder en la caja, al menos, un año más

La Junta de Andalucía va a forzar al máximo su margen legal para recuperar la supervisión administrativa de Cajasur cuanto antes. La devolución de la tutela, en manos aún del Ministerio de Economía por una decisión tomada por el PP en 2002, está pendiente de un cambio normativo que el Congreso aprobará la próxima primavera. Para facilitar que empiece de inmediato la adaptación a ese cambio estatal, la Junta ha incorporado una serie de disposiciones en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2005. Así, las modificaciones de estatutos y reglamentos que deberá afrontar Cajasur sólo requerirán el respaldo de la mayoría simple de los asistentes a la asamblea de la caja, cuando lo usual es exigir el voto favorable del 66%.

La inclusión de estas medidas sobre las cajas en la Ley de Acompañamiento permitirán a la Junta que el 1 de enero de 2005 ya estén en vigor. De hecho, lo estarán antes de que se produzca el cambio estatal para el que están diseñadas. El PSOE ha aprovechado la tramitación de la Ley de Supervisión de Conglomerados Financieros, para reconducir la situación de Cajasur. Una enmienda incorporada a esa ley estatal desbarata la adscripción de Cajasur a la tutela del Ministerio de Economía que el PP realizó en 2002. Al eludir así la tutela de la Junta, la entidad que preside el sacerdote Miguel Castillejo pudo seguir sin hacer caso a la ley andaluza y reforzar incluso el poder eclesiástico en la caja: según los estatutos vigentes, la Iglesia designa al 46% de los miembros de sus órganos de gobierno.

El Congreso aprobará la enmienda estatal la próxima primavera, así que la redacción de las medidas incluidas por la Junta en la Ley de Acompañamiento hace referencia a una hipótesis que, en el caso de Cajasur, va ser realidad en pocos meses. "Cuando las modificaciones de estatutos y reglamentos deban realizarse obligatoriamente a fin de adaptarlos a las previsiones de una nueva regulación legal se requerirá para su aprobación mayoría simple de votos de los asistentes [a la Asam-blea]", reza la primera de esas medidas. Una mayoría más pequeña que la que la ley andaluza exige al resto de supuestos de "aprobación y modificación de estatutos", que deben contar con el voto favorable de dos tercios de los asistentes.

La Ley de Acompañamiento también establece los plazos del proceso de adaptación de Cajasur a las normas andaluzas, que implicará en última instancia la recomposición de sus órganos de gobierno (como fundadora, la Iglesia sólo retendrá el 6,5% de los sillones) y el cese de su presidente, Miguel Castillejo, por superar los 70 años de edad. Así, desde el momento que se apruebe la enmienda estatal (primavera), Cajasur tendrá 6 meses para aprobar los cambios en sus estatutos; en caso de que la Consejería de Economía aprecie que algún aspecto no se ajusta a la normativa vigente, tendrá otros 2 meses para rectificar. En caso contrario, la Consejería asumirá su redacción y aprobación. Y cuando el cambio estatutario esté ya en vigor, se abre otro periodo máximo de siete meses para celebrar las elecciones que darán lugar a los nuevos órganos de gobierno. Es decir, los plazos permiten a la Iglesia retener el poder en Cajasur al menos un año más.

Sin nuevos impuestos 'verdes'

La Ley de Acompañamiento no incluye nuevos impuestos ecológicos, como exigía Los Verdes (socio del PSOE) , sólo precisiones a dos de los tributos ya en vigor. La norma, que el PSOE ha suprimido en los Presupuestos Generales del Estado, sí establece tipos impositivos reducidos en los impuestos sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a personas con discapacidad; crea dos nuevas tasas, una por solicitud de licencia para la fabricación de productos sanitarios a medida, y otra por solicitud de adjudicación de nuevas farmacias; y regula la nueva Agencia Andaluza del Agua -que aglutinará las competencias sobre las cuencas intracomunitarias-, una decisión muy criticada por la oposición que exige un trámite independiente.

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