Barcina rechaza que un perito compruebe la legalidad de las obras de su ático
El arquitecto designado como perito por un juzgado de Pamplona para comprobar si las obras que la alcaldesa de Pamplona, la regionalista Yolanda Barcina, realizó en su vivienda particular se ajustan a la normativa urbanística ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial en el que detalla la imposibilidad de cumplir su cometido ante la negativa de la primera edil a autorizarle la entrada a su ático.
El arquitecto Fermín Arriazu, designado como perito por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la capital navarra, que instruye la denuncia de cinco vecinos de la ciudad contra Barcina, solicitó poder examinar el ático en el que reside la alcaldesa para poder confeccionar su informe.
Ignacio del Burgo, abogado de Barcina, remitió un escrito al juzgado afirmando que "no es de recibo que se imponga a la alcaldesa la entrada de un extraño en su domicilio sobre la única base de una denuncia infundada". El letrada aludió, entre otros argumentos, a la presencia entre los denunciantes de una candidata en las listas de AuB, la plataforma electoral anulada por ser heredera de Batausna, y al hecho de que la denuncia fue acompañada de la difusión pública del caso, lo que demostraría, según el abogado de Barcina , los intereses electoralistas de la misma. La denuncia se presentó poco antes de las pasadas municipales.En un escrito remitido a la Audiencia Provincial el pasado 21 de octubre, el arquitecto subraya que en tales circunstancias "no puede emitir el dictamen pericial requerido", que debía establecer si la reforma se correspondió con los planes finales de obra del edificio, cuya dirección llevó el arquitecto José Vallejo, marido de Barcina, y si tales modificaciones se adecuaron a la normativa urbanística.
El juzgado deberá decidir ahora si ordena la inspección del piso o archiva la denuncia. Un portavoz del gabinete de la alcaldía señaló que la primera edil acatará la decisión judicial que se adopte.
Cinco vecinos de Pamplona denunciaron en marzo de 2003 ante el Ayuntamiento la realización de obras de reforma presuntamente ilegales en el ático propiedad de Barcina y su esposo, consistentes en su ampliación incorporando siete trasteros situados sobre ella, que convirtieron su piso en un dúplex de 188 metros cuadrados. Las obras, con fotografías incluidas, fueron publicadas en una revista especializada en interiorismo. Los trabajos habían sido efectuados en el año 1990.
La primera edil señaló que en aquel momento no participaba en política (era profesora de la UPV en el campus de Vitoria), reconoció que no había pedido licencia municipal para efectuar algunas de las obras y se defendió afirmando que sus vecinos hicieron lo mismo.
El consistorio abrió un expediente que finalizó con el archivo de la denuncia. En mayo de 2003, los vecinos comunicaron los hechos al juzgado Contencioso-Administrativo, que sigue adelante con la investigación.
La alcaldesa se querelló en mayo de 2003 contra los denunciantes, a quienes acusó de presuntas injurias, pero el pasado 7 de octubre ordenó la retirada de la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona argumentando que los vecinos se habían retractado ante el juez de sus acusaciones. Los denunciantes, que declararon hace cuatro meses ante el juez, negaron tal retractación y atribuyen la retirada a las escasas posibilidades de éxito de la querella.
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