Los presidentes de audiencias cuestionan los juzgados de maltrato

La implantación de juzgados especializados en materia de violencia contra la mujer, tal como prevé la Ley Integral de Violencia Doméstica, está siendo revisada por los 50 presidentes de Audiencias Provinciales de España en unas jornadas que desde ayer se celebran en Valencia. La ponencia presentada por Francisco Vieira, presidente de la Audiencia de Madrid, cuestiona la operatividad y alerta de varias distorsiones.

Vieira advirtió ayer, en la primera sesión de trabajo, que la planta de juzgados de violencia doméstica prevista por el Gobierno "sólo funcionará bien durante algunos meses", pero después "se colapsará" al tener también que resolver, por ejemplo, procedimientos matrimoniales que afecten a víctimas.

La solución, según el presidente de la Audiencia de Madrid, es incrementar la dotación humana y material de los juzgados de familia "para que puedan resolver sus asuntos con mayor rapidez y se reduzca el tiempo de tensión entre los cónyuges durante la tramitación de una separación o un divorcio, que en ocasiones genera violencia extrema". Vieira recordó que el 50% de los casos de violencia doméstica se producen durante la tramitación de un proceso de disolución matrimonial.

A su juicio, tal como también comentó el presidente de la Audiencia de Valencia y anfitrión de las jornadas, Pedro Castellano, "los juzgados especializados no van a ser capaces de dar una respuesta eficaz". Explicó que: "Es preferible dotar de mayores medios a los juzgados actuales de primera instancia".

Vieira citó como ejemplo el caso de Madrid, donde se ha previsto la implantación de dos juzgados de violencia doméstica, los cuales considera "claramente insuficientes", ya que, "si una de sus competencias es adoptar medidas cautelares tendrán que ser apoyados por los juzgados de guardia". En Valencia está prevista la creación de uno.

El magistrado consideró que la ley integral va a generar "disfunciones" respecto a las competencias, ya que las denuncias deben ser tramitadas en el lugar de residencia de la víctima y no donde ocurran los hechos. Ello provocará la inhibición en favor del juzgado competente o la celebración de juicio en un lugar distinto. Sobre el cuestionamiento en esta materia deberá pronunciarse el conjunto de participantes en la jornada y lo hará a través del documento de conclusiones que se hará público mañana viernes. Además, valorará la conveniencia de cambiar el nombre provisional de juzgados de violencia doméstica por el de "juzgados de protección a la mujer" para evitar connotaciones negativas, explicó. El razonamiento fue compartido por Pedro Castellano quien coincide en la oportunidad de trasladar un mensaje positivo.