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Un juez militar sienta en el banquillo a tres mandos de la Armada por el 'caso Gescartera'

Los acusados piden que se cite al director de Asuntos Económicos de la Marina de Guerra

El primer juicio por el caso Gescartera, la agencia de valores que supuestamente defraudó 100 millones de euros, podría no celebrarse en la Audiencia Nacional, sino en un tribunal militar. El juez togado militar central número 2 ha dado por concluido el sumario contra tres mandos de la Armada, a quienes imputa un presunto delito de falsedad en documento oficial, castigado con penas de tres a seis años de prisión. Se les acusa de amañar certificados para enmascarar los descubiertos que los retrasos de Gescartera producían en la cuenta de la Seguridad Social de la Armada.

Los acusados son el coronel de Intendencia Ceferino Portal, ya en la reserva, el comandante de Intendencia Alfonso Torán y el teniente del mismo cuerpo Francisco Chana. Los tres mandos eran, respectivamente, el jefe central, el jefe económico-administrativo y el tesorero del Servicio de la Seguridad Social de la Armada entre 1999 y 2001.

Dicho servicio recaudaba mensualmente las cuotas de los trabajadores civiles de la Armada, que ingresaba cada tres meses en la Tesorería de la Seguridad Social. Durante el tiempo que tenía en su poder el dinero de las cuotas, unos 350 millones de pesetas mensuales, lo invertía para obtener fondos con los que mejorar las prestaciones.

La primera inversión en Gescartera se produjo en 1999, por un importe de 60 millones de pesetas. A partir de entonces se hicieron hasta 18 inversiones a plazo fijo, con un vencimiento de entre uno y tres meses, siendo la máxima de 475 millones de pesetas, en diciembre de 1999.

Ya en octubre de 1999 se produjo un primer retraso en el reintegro del dinero, aunque sólo de dos días. Pero el pago que debía efectuarse en octubre de 2000 no se realizó hasta noviembre y sólo en un 80%, recuperándose el resto en enero de 2001. Gescartera, que ya entonces tenía graves problemas de liquidez, tampoco hizo el abono de ese mes y el coronel Portal se puso en contacto con el dueño de la agencia, Antonio Camacho, y con su socio, Jaime Morey, consiguiendo, según el sumario, que "comenzaran a devolver las cantidades fraccionadamente y con dificultades".

Entre enero y marzo de 2001, Gescartera devolvió a la Armada 500 millones de pesetas y un talón de La Caixa por 375 millones que debía saldar la deuda. El talón no se pudo hacer efectivo por falta de fondos, pero el juez reconoce que los mandos lograron recuperar posteriormente la totalidad del dinero, por lo que no se ocasionó "perjuicio económico" al servicio, ya que no sólo se reintegró la inversión, sino también los intereses, incluidos los de demora.

Pese a ello, el juez estima que los tres mandos elaboraron unos "certificados de conciliación bancaria" para cuadrar los balances y ocultar los descubiertos en la cuenta corriente del servicio en el BBVA, que superaban los 700 millones de pesetas a 31 de enero de 2001. Agrega que, "con este proceder, conseguían aparentar ante el Consejo Directivo [del Servicio de la Seguridad Social de la Armada] una falsa situación de normalidad contable, lo que les permitía continuar con las inversiones o reinversiones que realizaban en Gescartera".

"Ni pertinente ni oportuna"

Los acusados han pedido que se llame a declarar al actual director de Asuntos Económicos de la Armada, el general de división del cuerpo de Intendencia Pedro María Fernández Estalayo, que era vocal económico administrativo del consejo.

Argumentan que es el único mando con cargo en el consejo en materia económica que no ha sido citado a declarar por el instructor; pese a que, entre sus funciones estatutarias, figuraba la de inspeccionar la contabilidad, tesorería y estadística económica del servicio de la Seguridad Social de la Armada.

El juez militar se negó a admitir la citación del general Fernández Estalayo, por considerar que no era "ni pertinente ni oportuna", pero el tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que se replantee en el juicio.

El sumario militar se instruyó a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, después de que se inhibiera del caso el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid. Al final se les ha imputado un delito común y no el de deslealtad, previsto en el Código Penal Militar para los militares que den a sabiendas información falsa a sus superiores. Los tres mandos ya fueron sometidos por los mismos hechos a un expediente disciplinario que concluyó en enero de 2002 sin sanción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2004