El coste de la locura o la locura del coste

Basta con repasar las vicisitudes de los últimos ministros de Sanidad para saber que este ministerio nunca será una perita en dulce para ningún político. No puede serlo. Administrar la sanidad, local, autonómica o estatal, admite un margen de error muy pequeño. Aceite de colza, vacas locas, las grandes catástrofes naturales o provocadas por el terrorismo... Todos son fenómenos de salud pública que han tenido y tienen lo que se ha dado en llamar un impacto mediático evidente. No es de extrañar que los problemas de salud mental casi nunca tengan tratamiento de primera página, a pesar de que vayan a afectar a una cuarta parte de la población a lo largo de su vida. Sólo son objeto de debate cuando alguno de estos pacientes, siguiendo el dictado de su razón delirante, comete algún acto violento que, visto desde lejos, parece incomprensible o gratuito y, por tanto, doblemente censurable.

Las grandes enfermedades mentales son las esquizofrenias o los trastornos bipolares, pero también los trastornos obsesivo-compulsivos, las demencias, los trastornos de personalidad o las depresiones melancólicas recurrentes. En su mayoría, se trata de patologías crónicas que obligan a un imprescindible tratamiento farmacológico, necesariamente asociado a otras terapéuticas psicológicas y a técnicas de rehabilitación específicas. Este ámbito de las patologías psiquiátricas graves sigue siendo terreno abonado para la incomprensión social cuando no para el estigma puro y duro. Han sido los citados tratamientos, con el apoyo de redes de asistencia comunitarias aún precarias en nuestro país, los que han conseguido que los enfermos mentales con estas patologías no sigan viviendo en las ruinas modernas de antiguos manicomios.

Pero la psiquiatría sigue siendo ante todo una pericia que fundamenta su actividad diagnóstica y terapéutica en la entrevista clínica: en el escuchar atento y dirigido. La psiquiatría no utiliza costosísimos equipos ni prótesis de complicada colocación, ni sofisticados quirófanos. Quizá por ello viaja siempre en el furgón de cola de los presupuestos y sobre sus enfermos pende la amenaza de restricciones que en otras patologías y otros colectivos resultarían impensables. Es cierto que el gasto de los fármacos utilizados en estas patologías graves ha sufrido en España un incremento sustancial. No se trata de medicamentos que los enfermos consuman por gusto, ni siquiera de buen grado en la mayoría de las ocasiones. Hay una reacción de extrañeza cuando se dice, por ejemplo, que los medicamentos antipsicóticos -cuya utilización está sólo indicada en los trastornos graves y duraderos antes mencionados- suponen una importante cuota de la factura de farmacia. Quizá debería añadirse que en España hay entre 800.000 y 900.000 personas afectadas por estas patologías que deben tomar su medicación diariamente durante muchos años.

Y por este camino llegamos al verdadero núcleo del problema: el coste de la enfermedad mental. Cuantificar dicho coste en términos de gasto farmacéutico no sólo constituye un error, sino que podría tratarse de un auténtico disparate. Los costes, desgraciadamente, son más amplios y complejos y, de forma curiosa, los tratamientos tienden a minimizarlos. Los costes están en los reingresos hospitalarios de los pacientes, en el consumo de recursos sanitarios, en la incapacidad laboral y en el gasto añadido de las familias, por hablar de aquellos que pueden expresarse en términos monetarios. Ni que decir tiene que los costes intangibles en sufrimiento personal y familiar no son fácilmente reducibles a euros.

Resulta imposible diseccionar aquí la compleja anatomía de la esquizofrenia o de la melancolía. Estas líneas sólo pretenden detenerse en la facilidad con la que problemas amplios y complejos se simplifican aterradoramente desde un despacho político o desde una oficina gubernamental. Los clínicos no sólo contemplan de primera mano la realidad de la enfermedad mental, también conocen los nuevos datos de la investigación. Esta mezcla de experiencia clínica y pruebas científicas es la que debería fundamentar las decisiones sanitarias y la que difícilmente puede ser reemplazada por datos parciales o lecturas apresuradas, aunque algunos se empeñen periódicamente en sustituirla.

Enrique Baca, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, y Miquel Roca, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de las Islas Baleares, son presidente y secretario de la Sociedad Española de Psiquiatría, respectivamente.