Una ciudad para el coche

El pasado 13 de octubre y coincidiendo con la puesta en marcha del carné de conducir por puntos, el Ayuntamiento de Alicante aprobó la nueva ordenanza de tráfico que entrará en vigor a partir de enero. En teoría, el nuevo texto es una herramienta eficaz para arreglar el tremendo caos circulatorio de una ciudad que ha visto incrementado su parque de vehículos de una manera formidable [casi 200.000 vehículos matriculados]. Pero en la práctica, la nueva ordenanza se limita a transcribir la legislación nacional sin abordar las peculiares características de una ciudad "desbordada" por el tráfico privado y sin un "competente" servicio de transporte público.

Entre las "escasas" novedades introducidas en el flamante código figura la prohibición de estacionamiento de motocicletas y ciclomotores en aceras, andenes, paseos centrales o laterales y zonas destinadas al paso de peatones. A partir de enero, los vehículos de dos ruedas deberán estacionar en los lugares habilitados. De la misma forma, la Policía Local inmovilizará las motos de los conductores que circulen sin el casco homologado. La nueva ordenanza advierte de que la Policía Local retirará los vehículos que superen los niveles de ruido, gases y humos permitidos reglamentariamente, y si carecen de elementos de seguridad.

La norma se limita a reproducir la de ámbito nacional sin atender la demanda de la ciudad

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Domingo Martín, lamenta que el equipo de gobierno, del PP, no aproveche la ocasión "para hacer planteamientos actuales y modernos que contribuyan a conseguir una ciudad amable", en armonía con el medio ambiente y las necesidades de la población. Entre las carencias "más clamorosas" del nuevo reglamento local destaca la escueta referencia a la protección de los peatones. Apenas cuatro líneas de recomendaciones lógicas para los viandantes.

Además, el texto trata de puntillas algunos de los mecanismos que permiten facilitar la movilidad a los discapacitados. El texto alude a la obligatoriedad de espacios de estacionamientos para este colectivo y advierte de que los vehículos que obstaculicen un rebaje de acera serán retirados de la vía pública. Sin embargo, no refiere disposiciones que obliguen a la eliminación de barreras arquitectónicas de los edificios públicos.

Además, la norma no obliga a adaptar los pasos peatonales y los semáforos pero, sobre todo, no asegura a este colectivo la accesibilidad en los transportes públicos. Como muestra: Alicante carece de taxis adaptados para estas personas.

Otro "enorme" lapsus, a tenor del concejal socialista, ha sido el olvido del carril bici. Domingo Martín recuerda que las ciudades a la vanguardia en el diseño urbano potencian el empleo de la bicicleta. La gran asignatura pendiente sigue siendo el transporte público, reducido prácticamente al autobús urbano [la implantación del tranvía es residual].