Pascual Estevill: final de trayecto

Lo que usted me está diciendo es muy grave. ¿Está dispuesto a denunciarlo?". Era el mes de octubre de 1994, cuando el entonces fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, recibió en su despacho la visita de Enrique Marugán, un industrial de Barcelona que había dedicado los últimos meses de su vida a reunir datos que señalaban al entonces juez Luis Pascual Estevill y al abogado Juan Piqué Vidal como unos chantajistas con el empresariado barcelonés, además de un defraudador fiscal en el caso del primero.

Cuando Marugán tuvo esa información no dudó en entregársela al fiscal para que la maquinaria judicial se pusiera en marcha y saciar así su ánimo de revancha. Meses antes, tres socios suyos del mismo grupo empresarial habían acabado en la cárcel por una decisión del juez que después se demostró que fue injusta, y el mismo Marugán estuvo a punto de seguir el mismo camino si no hubiera sido porque estaba fuera de España. De aquella visita a la fiscalía se acaban de cumplir 10 años y desembocó en tres procesos judiciales. Uno en 2001 finalizó con siete años de cárcel para Estevill por delito fiscal, otro concluyó en 1996 con seis años de suspensión por prevaricación y esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio por los sobornos cometidos contra empresarios.

Los empresarios extorsionados pudieron ser 70, explica Enrique Marugán, quien dedicó varios meses a reunir pruebas contra el juez

"Unos dicen que no han pagado, cuando en verdad pagaron más de 2.000 millones, y otros dicen que han pagado 50, pero fueron 250", afirma Bertrán de Caralt

¿Cuántos fueron los afectados? Ésa es la pregunta que nadie se atreve a responder con certeza y que el juicio tampoco ha aclarado, porque se ha ceñido a cinco casos, dos de ellos consumados, que ha reconocido el mismo Pascual Estevill. El empresario Enrique Marugán, asesor financiero durante años de decenas empresarios catalanes, opina que lo que ha aflorado en el juicio es "el tres por ciento de lo que ocurrió", y que las víctimas de esa trama pudieron ser 70.

José Felipe Bertrán de Caralt, propietario de una de las fortunas más importantes que había en España a principio de los años noventa, no va tan lejos en sus estimaciones, pero sus cálculos son igualmente significativos de lo que pudo ocurrir en aquella época en la Barcelona de Pascual Estevill. "Yo creo que los extorsionados no han sido cuatro o cinco, sino 30 o 40".

El importe de los chantajes que sospecha Bertrán de Caralt tampoco tiene nada que ver con los 25 millones de pesetas que pagaron en 1991 los directivos de la empresa Idapsa, ni con los 146 millones que abonaron en 1992 los consejeros de la empresa Macosa y la dirección de Fecsa. "A estos cuatro o cinco que pagaron les han sacado 10 veces más de lo que dicen", afirma Bertrán de Caralt con la tranquilidad que da, explica, no haber cedido al chantaje.

"Hay unos señores por aquí que dicen que no han pagado, cuando en verdad han pagado más de 2.000 millones de pesetas, y otros que dicen que han pagado 50, pero que en realidad fueron más de 250 millones. Lo que pasa es que esos 200 de diferencia lo pagaron con dinero negro y no lo podían justificar", añade el empresario. "Estevill y Piqué se han hinchado de ganar dinero y de hacer cosas. Tanto, que al final se han perdido por creerse que no les pasaría nada", precisa. "Sea cual sea la verdad, lo que se ha probado es suficientemente grave", dijo el pasado jueves el fiscal Carlos Ramos en su informe ante el tribunal. Por ese motivo, reclamó "una sentencia ejemplarizante".

Lo que no ha trascendido tampoco es que los testigos de cargo de este proceso estuvieron dudando hasta última hora sobre sí acudían o no a testificar contra el juez, y especialmente contra el abogado Piqué Vidal, que les lanzó diversos cantos de sirena para que reconsiderasen su presencia en la sala de vistas. Los abogados de las acusaciones también jugaron sus cartas, y, al final, los extorsionados acudieron. "El empresariado catalán es así. Te extorsionan, pagas, y al final hasta serías capaz de pagar otra vez para no tener que aparecer en público y tener que declarar", se lamenta de manera más que ilustrativa Enrique Marugán, quien recuerda que él vive y tiene sus negocios fuera de España. En los años 80 fue multado con cien millones de pesetas por evasión de capitales.

Un año y medio antes de que se iniciaran las investigaciones contra Estevill, las relaciones entre el juez y la fiscalía eran muy fluidas, porque en aquel entonces el primero se había convertido en el azote de la burguesía con intenciones que luego se demostrarían delictivas, y el ministerio público estaba empecinado en perseguir delitos de cuello blanco que entonces empezaban a florecer en Barcelona. Las relaciones llegaron a ser tan estrechas que la fiscalía llegó a presentar a Estevill algún borrador de querella que se sabía que iba a investigar el juez por las normas de reparto vigentes entonces. "El problema de estos fiscales es que, como no son de Barcelona, no conocen al empresariado de aquí. Han redactado una querella y se olvidan del principal", llegó a decir en una ocasión el ex juez.

Luego cambiaron las normas de reparto, la fiscalía descubrió que Estevill era un farsante y a partir de ahí se inició su caída. La maniobra de CiU de darle una patada hacia arriba y enviarlo al Consejo General del Poder Judicial como vocal no sirvió de nada, ni tampoco el apoyo inicial que encontró en la ministra de Justicia de la época, Margarita Mariscal de Gante. En Cataluña, además, ya ni siquiera gobierna Jordi Pujol, a cuya segunda residencia se jactaba Estevill de haber acudido alguna vez, "aunque se come muy mal", decía. Decididamente, final de trayecto.