El Gobierno vasco mantiene la ayuda a las familias de presos de ETA

El Gobierno vasco seguirá facilitando ayuda económica a los familiares de los presos de ETA para sus desplazamientos de visita a las cárceles, sea cual sea el resultado del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado que se conoció ayer. Así lo anunció el consejero de Justicia del Ejecutivo autónomo, Joseba Azkarraga, que aseguró que sólo se dejará de conceder estas ayudas "cuando el Gobierno central termine con la política penitenciaria vengativa y sectaria que está manteniendo". Azkarraga recordó que las familias de reclusos condenados por otros delitos también reciben las ayudas y aseguró que buscará "la forma de seguir ayudando, y colaborando" con las familias de los presos.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha anunciado que presentará un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la orden del consejero de Justicia del 19 de julio pasado, por la que se destinaron 197.000 euros a estas subvenciones.

Según cifras manejadas ayer mismo en la Cámara vasca, donde estaba programado un debate sobre el tema, propiciado por el PP, el desplazamiento de un familiar de un recluso a Barcelona se compensa con 90 euros y en el caso de Sevilla se conceden 160. El portavoz del PP, Santiago Abascal, contrapuso a la cifra anual de 197.000 euros para los familiares de presos, los 111.000 recibidos por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en tres ejercicios. El grupo socialista votó la propuesta del PP y criticó que el acompañamiento a enfermos a hospitales de fuera de Euskadi esté menos subvencionado, y que el listón para recibir el dinero sea en el caso de los presos tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, y lo pueda pedir el familiar con menores ingresos, mientras para las Ayudas de Emergencia Social el tope esté en 1,75 veces ese salario.

Parientes de amenazados

La proposición no de ley presentada por el PP, rechazada con los votos de los tres partidos del Gobierno vasco (PNV, EA y Ezker Batua) y del grupo de la ilegalizada Batasuna, pedía la retirada inmediata de estas ayudas y que fueran destinadas a víctimas del terrorismo o a quienes tienen parientes que han debido salir del País Vasco por atentados o amenazas.

El debate desveló de nuevo el abismo que separa al Gobierno vasco y a la oposición. El socialista Jesús Loza acusó al Ejecutivo autonómico de considerar a las víctimas del terrorismo como "daños colaterales no deseados" cuya existencia no debe alterar "la prioridad de la unidad nacionalista". "Yo sé que están ustedes incómodos ante las víctimas, pero tengan valor y hablen con ellas", instó a los nacionalistas, tras pedirles una reflexión sobre "el nulo protagonismo del nacionalismo en este final de la violencia". El PNV acusó al PP y al PSE de "escudarse en las víctimas para hacer oposición", y el portavoz de EA, Rafael Larreina, negó que las ayudas recurridas supongan "equidistancia moral" ni "equiparación de dolores".