Los inspectores de Hacienda piden una reforma para sancionar a la banca cuando colabore con el fraude
![Lucía Abellán](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb01b0b3a-6468-4e3c-9bd7-304fdd9f8ebc.png?auth=eab1a38619081421a7df21cff9a9678bb329dc83a32c45168f1ca2fe1e137423&width=100&height=100&smart=true)
Los inspectores de Hacienda creen necesaria una reforma que sancione la colaboración de la banca con los defraudadores. Este colectivo considera que existen "zonas oscuras" en los productos de algunas entidades financieras, que pueden convertirse en un arma de elusión fiscal. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que aglutina a la mayor parte de este colectivo, concluyó ayer su congreso anual en Toledo con un modelo alternativo de lucha contra el fraude al que ha tenido acceso este periódico. En ese texto, de 15 páginas, los inspectores constatan que cuando un contribuyente no quiere declarar una renta tiene la posibilidad de canalizarla a través de los "circuitos financieros".
El colectivo pide la creación de una policía fiscal que combata el fraude organizado y juzga "indispensable" un agravamiento de las penas para esos delitos. Asimismo, critica la actuación de la Agencia Tributaria, "que no ha acudido a los tribunales con un plan de trabajo o de investigación idóneo".
El informe hace hincapié en la necesidad de actuaciones de carácter preventivo. Como ejemplo, cita la posibilidad de requerir a los compradores de viviendas que aporten la copia del contrato privado y evitar así que se escriture por una cantidad diferente a la que figura en el contrato.
Además de proponer un nuevo modelo, el texto critica alguna de las actuaciones del actual Gobierno en materia fiscal. Así, lamenta "la ausencia de instrucciones a la Abogacía General del Estado" para ejercer la acusación en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, unos productos fiscalmente opacos que la entidad comercializó a finales de los ochenta. El otro reproche al Gobierno consiste en no haber paralizado la Ley General Tributaria, elaborada por el anterior Ejecutivo del PP y que entró en vigor el pasado julio.
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