El PSOE amenaza con impugnar ante el Gobierno las cuentas del alcalde para 2005

Los concejales socialistas Isabel Vilallonga y Óscar Iglesias amenazaron ayer con "impugnar" ante el Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno central, también socialista, el proyecto de presupuestos municipales para 2005. Según Vilallonga, las cuentas elaboradas por el equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón vulneran la Ley de Haciendas Locales y la de Estabilidad Presupuestaria porque elevan la deuda del Ayuntamiento hasta el 117% de los ingresos corrientes, cuando el tope legal es del 110%. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, criticó al PSOE por "amenazar" con el recurso ante el Gobierno central y por hacer un "uso partidista" de la ley.

"La ley lo que dice es que, si un ayuntamiento supera el 110% de endeudamiento, tendrá que pedir permiso expreso al ministerio para seguir contrayendo deuda. Pero eso no impide aprobar los presupuestos: se aprueban y luego, cuando a lo largo del ejercicio haya que tramitar un préstamo, se pide permiso al ministerio", aseguró Bravo. "Pero es que, además, Vilallonga está haciendo cuentas sin tener liquidado el presupuesto de 2004; cuando se liquide, en marzo de 2005, el porcentaje de deuda estará por debajo del 105%", agregó el edil.

Subida del IBI

Vilallonga e Iglesias arremetieron también contra el proyecto de ordenanzas fiscales que acompaña al de presupuestos, y que aumenta en un 60% el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los dueños del 10% de los edificios de oficinas, grandes superficies comerciales o deportivas con mayor valor catastral (no a las viviendas); en total, según Hacienda, 11.700 inmuebles de un total de 1,7 millones, aunque el PSOE sospecha que serán "muchos más".

Los concejales socialistas aseguraron que la medida supondrá un aumento impositivo "brutal" para "numerosos comercios y restaurantes pequeños y medianos". Sin embargo, la Concejalía de Hacienda replica que la medida es legal e insiste en que sólo se aplicará al 10% de los inmuebles de cada categoría, que suman 11.700.

El IBI para el resto de inmuebles sube el próximo año el 2% del IPC, más el aumento -distinto en cada caso- correspondiente a la revisión catastral que realiza el Estado (el impacto de la revalorización de las casas se reparte en diez anualidades). Vilallonga exigió que, para neutralizar ese efecto que la revalorización de los pisos tiene en los impuestos que pagan sus dueños, el Ayuntamiento reduzca el tipo impositivo o vuelva a aplicar los descuentos que aplicaba el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano. "La ley recoge esa posibilidad para Madrid y Barcelona", recordó la concejal.

El edil Juan Bravo le contestó que si el Ayuntamiento estableciera indefinidamente los descuentos anuales sobre el IBI, la revalorización catastral "nunca llegaría a aplicarse" (las casas irían aumentando su valor, pero sus dueños no pagarían más por ello), y eso sería "un fraude de ley".