El Supremo acusa a la Audiencia Nacional de excarcelar a Lamari dos años antes de tiempo

La Audiencia Nacional dejó en libertad al terrorista argelino Allekema Lamari, jefe de la célula islamista que cometió los atentados del 11-M, dos años antes de que se cumpliese el límite de su estancia en prisión provisional, según informó ayer el Tribunal Supremo. El Supremo no tuvo conocimiento de esa circunstancia por lo que no activó los mecanismos de urgencia para notificar su sentencia ya que contaba con que el terrorista estuviese preso otros dos años. El Supremo tampoco fue avisado de que Lamari iba a salir en libertad en junio de 2002. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación interna.

En un auto de 9 de abril de 2002, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional acordó que Lamari fuera puesto en libertad el 29 de junio siguiente, por cumplimiento del límite de la prisión provisional. Ese límite, según el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es el de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta se recurre.

Pero el auto de la Audiencia contiene un error material ya que señala que Lamari había sido condenado en sentencia de 26 de junio de 2001 "a la pena de 10 años de prisión", cuando en realidad había sido condenado a un total de 14 años de cárcel: 10 años por pertenencia a banda armada, dos años por tenencia ilícita de armas y otros dos años por tenencia de útiles para cometer falsedades documentales.

La Sección Tercera tomó como base para el cómputo de la prisión provisional la pena de 10 años y añadió que "al día de hoy (9 de abril de 2001) cumpliría la mitad de la misma".

Dilaciones indebidas

Sin embargo, el tribunal añadió 79 días de cumplimiento por dilaciones indebidas de la defensa del preso, y fijó el plazo límite el 29 de junio de 2002, "fecha en la que se decretará la puesta en libertad, salvo que recaiga sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo resolviendo la casación anunciada".

El Tribunal Supremo celebró la vista del recurso de Lamari el 29 de mayo de 2002 y dictó sentencia el 7 de junio siguiente. Según un comunicado del alto tribunal, "una vez transcrita, corregida y firmada por todos los magistrados, la sentencia, junto con las restantes actuaciones, fueron entregadas a la secretaría de la que procedían el día 16 de julio de 2002. El día siguiente, 17 de julio, se hicieron las copias necesarias para la notificación de la sentencia y una vez notificada ésta, la causa fue devuelta a la Audiencia Nacional el 24 de julio de 2002".

El comunicado no da ninguna explicación al hecho de que la sentencia de Lamari fuese llevada en mano por un funcionario desde el Supremo a la Audiencia Nacional el 8 de julio, según informaron ayer fuentes del Supremo. Y de lo que deja constancia es de que el tribunal que juzgó el asunto, cuyo ponente fue el magistrado Joaquín Jiménez, no devolvió las actuaciones a la secretaría hasta un mes y nueve días después de la fecha de la sentencia.

Además, el traslado oficial de las actuaciones a la Audiencia Nacional para la fase de ejecución tuvo lugar el 24 de julio, un mes y tres semanas después de dictada la resolución del Supremo. Aunque la sentencia rebajaba la pena de 14 a 9 años, Lamari aún debería haber cumplido cuatro años de cárcel. Pero para entonces, el terrorista ya había salido y llevaba un mes fuera de prisión.

El error que hizo posible la excarcelación de Lamari apunta en principio a la Audiencia Nacional porque, según el comunicado del Supremo, "todavía faltaban casi dos años para que los condenados por la Audiencia Nacional hubiesen cumplido la mitad de las condenas privativas de libertad que les fueron impuestas por dicho tribunal, que es el que conservaba la pieza de situación de los condenados."

Según las fuentes consultadas en el Supremo, es en esa "pieza de situación" donde consta la situación personal de Lamari como preso -fecha de ingreso, tiempo de cumplimiento, fecha prevista de libertad , etcétera- y donde debe figurar el auto de libertad prevista para el 29 de junio.

"No estábamos advertidos"

El magistrado ponente de la sentencia del Tribunal Supremo, Joaquín Jiménez, manifestó a preguntas de este periódico que en el Supremo no sabían que Lamari tenía que salir en libertad el día 29 de junio.

"No estábamos advertidos de que iba a salir", dijo el magistrado a preguntas de este periódico. "En la sentencia de la Audiencia Nacional figuraban condenados a un total de 14 años por terrorismo, por lo que contábamos con que el límite de su estancia en prisión estaba en los 7 años y quedaban aún dos por delante", añadió Joaquín Jiménez.

"No supimos que iba a salir en libertad y en cualquier caso, estando pendientes de la sentencia del Supremo, lo lógico hubiera sido llamar por teléfono para ver si estaba la sentencia antes de excarcelarle. Tendrían que haber llamado antes de limitarse a ponerlo en libertad".

El magistrado señaló que en el denominado "rollo de Sala", que ayer fue recuperado del archivo general del Tribunal Supremo, no consta ningún fax del Supremo dirigido a la Audiencia Nacional. Jiménez confirmó que cuando existe urgencia para notificar un fallo, bien porque haya que excarcelar a un preso cuyo recurso de casación haya sido estimado, bien para impedir que un preso salga libre por cumplimiento del límite de la mitad de la pena, se anticipa por fax la notificación del fallo a la Audiencia. La inexistencia de un resguardo de un fax en ese sentido confirma, según el magistrado, que el tribunal no tuvo constancia de que el caso fuera urgente.

Respecto al hecho de que las actuaciones no fueran devueltas a la secretaría de Sala hasta más de un mes después de la fecha que consta en la sentencia, Jiménez argumentó que durante ese tiempo los demás magistrados tuvieron que releer y corregir el texto antes de firmar el fallo, dado que además era una sentencia de casación, que corregía la de la Audiencia.

"Si hubiésemos sabido que tenía que salir en libertad el 29 de junio de 2002, esto se firma en cuatro días y se notifica inmediatamente. Pero como contábamos con que, tanto Lamari como sus compañeros aún tenían que cumplir varios años de condena, la sentencia no siguió una tramitación urgente", agregó el magistrado.