Garzón interroga a diez presos relacionados con la célula islamista desarticulada

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comienza hoy a tomar declaración a los diez detenidos presos en cárceles españolas por su presunta vinculación con la célula de terrorismo islamista desarticulada el pasado lunes. Entre otros, va a interrogar a Baldomero Lara, recluso de la cárcel de Topas (Salamanca) a quien el líder de la red trató de comprar explosivos para atentar contra la Audiencia Nacional.

Entre los presos a los que por orden del juez Garzón se aisló en los centros penitenciarios en los que estaban recluidos figura Kamara Birahima, de nacionalidad mauritana, encarcelado en la cárcel almeriense de El Acebuche. El presunto jefe de la célula desarticulada, identificado por Interpol en Suiza (país en el que fue detenido) como el palestino Kamel Saadi, alias Mohamed Achrat, intentó comprar explosivos al ciudadano español de etnia gitana, Baldomero Lara, a través de un ciudadano mauritano en el que no confió el español. Finalmente, no se produjo la operación de venta y adquisición del material.

Además del propio Baldomero Lara, preso en la cárcel de Topas (Salamanca), también declarará ante el juez Garzón el integrista argelino Said Afis, encarcelado en la misma prisión, donde se proclamó imán y fue denunciado en 2002 por un funcionario ya que obligaba a los presos de su módulo a cumplir los preceptos coránicos las 24 horas del día.

Instructores militares

Los demás detenidos que declararán son: Addila Mimon y Karim Faiz, presos en la cárcel de A Lama (Pontevedra), donde funcionarios denunciaron que algunos reclusos instruían militarmente a otros internos en el patio de la prisión; Eddebdoui Taoufik, preso en la de Zuera (Zaragoza); Hoari Jera, en la de Teixeiro (La Coruña); y los tres condenados por la Audiencia Nacional en 2001 por pertenencia al GIA Abdelkrim Bensamail (cárcel asturiana de Villabona), Mohamed Amine Akli (Puerto I, en el Puerto de Santa María -Cádiz-) y Bachir Belhakem (en Córdoba).

Bensamail y Amine fueron condenados a 14 años de prisión por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y de útiles para falsificar documentos oficiales. El tercero, Bachir Belhakem, fue condenado a 16 años de cárcel por los mismos delitos más el de falsificación de documento oficial con fines terroristas.