Evitar otro 11-M
Sería bastante ingenuo afirmar que el peligro del terrorismo islamista ha remitido en España tras el suicidio colectivo de los participantes en los atentados del pasado 11 de marzo. La amenaza sigue siendo muy seria. Así lo demuestran los planes que incubaba, al parecer, una red de yihadistas de hacer volar la Audiencia Nacional, en pleno centro de Madrid, cerca de la sede del Tribunal Supremo y muy próxima a la del Partido Popular, con un camión bomba cargado con 500 kilos de explosivos. La desarticulación ha sido realizada por la policía en Andalucía, Navarra, Levante y en el propio Madrid, tras una orden dictada por el juez Garzón, y han sido detenidos por el momento ocho magrebíes, en la órbita del GIA argelino, y se han producido varios arrestos carcelarios. Es cierto que se encontraba en una fase muy embrionaria, pero las fuerzas de seguridad han querido cortarla de raíz, gracias a la información de un confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contrastada por cartas de islamistas en prisión.
El perfil de estos individuos se asemeja a los que perpetraron la múltiple barbarie de Atocha. Residen en España, son fanáticos del islam, merodean por las mezquitas, tienen antecedentes penintenciarios, están ligados a la delincuencia común, y dispuestos en su "odio contra el infiel" a destruir cualquier vestigio de la sociedad occidental en línea con la estrategia de Al Qaeda, en la que nuestro país, desgraciadamente, se ha convertido en uno de sus centros de acción. La cárcel les ha servido como granero de reclutamiento y cuando han salido de ella han seguido realizando impunemente sus actividades. Ésa es una de las lecciones que habría que extraer de esta amenaza, y que deberían asumir nuestros jueces y nuestras fuerzas del orden: mayor rigor judicial y más vigilancia policial. En el atentado de marzo algunos de los responsables habían pasado por prisión. También ahora. Otros eran confidentes.
Todo ello conduce de nuevo a la necesidad de aprovechar al máximo lo que depare de aquí a su final la comisión de investigación del 11-M. Y a instar una vez más a sus integrantes a que en sus conclusiones no se alejen de los verdaderos objetivos de tal órgano: cómo prevenir nuevos ataques. Quizás no haya que ligar esta última operación a los sangrientos sucesos de marzo, pero sí remarcar uno de los peligrosos agujeros que se detectó, además de la grave descoordinación de los servicios de seguridad del Estado: la falta de control de las canteras de explosivos y la facilidad de robos. En ésta de ahora estaban ya en contacto con un vendedor de explosivos en Almería.
Uno de los detenidos contó al confidente de la policía que había conocido en el transcurso de su vida penitenciaria al etarra Rego Vidal -que en 1995 intentó matar al Rey-, y que le dejó teléfonos de contacto por si necesitaba alguna colaboración. Parece como mínimo precipitado deducir de esas afirmaciones que exista una relación de ETA con el terrorismo islámico como algunos se empeñan en proclamar, en particular en el caso del 11-M.
