El fiscal cree legítimo que Parcemasa sea acusación por las cremaciones ilegales

El fiscal del juicio de las casi 3.000 cremaciones ilegales en los hornos del Parque Cementerio de Parcemasa consideró ayer "legítimo" que la empresa gestora de la necrópolis sea acusación particular y responsable civil en la causa, ya que "es parte perjudicada". Durante la segunda sesión de este juicio, que estuvo dedicada a contestar las cuestiones previas, el Ministerio Fiscal sostuvo que "está claro" que en Parcemasa se efectuaron cremaciones que no cobró la empresa, situación que legitima su actuación como acusación particular.

Respecto al Ayuntamiento de Málaga, el fiscal del caso explicó que, aunque para ejercer la acción popular sea necesaria presentar una querella, este extremo ya no es imprescindible una vez que ha comenzado el procedimiento, por lo que el Consistorio podrá adherirse a las demás partes, aunque no estará capacitado para exigir indemnizaciones o costas.

Las defensas de varios de los ocho acusados de participar en las cremaciones pidieron el lunes que tanto Parcemasa como el Ayuntamiento malagueño dejen de ser acusadores en esta causa, al entender que sus escritos de acusación son "nulos" por excederse en sus peticiones o por defectos de forma en la formulación. El tribunal suspendió la sesión de ayer hasta el próximo lunes para contestar a todas las cuestiones previas presentadas por los diferentes letrados en un auto, tal y como han solicitado algunos de los abogados, de forma que está previsto que la próxima semana comiencen las declaraciones de los acusados.

El fraude de las incineraciones ilegales se descubrió en 1997 y en un principio fueron siete las personas que resultaron imputadas, mientras que el último de los procesados, F.E.B., fue detenido con restos humanos en su vehículo y en su vivienda en 2002 y fue él mismo quien los relacionó con el caso, puesto que había sido empleado de una de las funerarias implicadas. Así, en el banquillo de los acusados se encuentran F.Y.L., empleado municipal de Parcemasa; E.P.R., de la funeraria La Popular; J.M.O.M., y F.E.B. de Funesur; J.L.C., de La Malagueña; E.M.G., de La Soledad; y J.O.S. y J.F.G.D., de La Nueva.

El Ministerio público les imputa los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra el respeto de los difuntos y contra el mercado y los consumidores, por los que el fiscal pide un total de 41 años de prisión.

Las acusaciones mantienen que el fraude consistía en que el empleado de Parcemasa cobraba supuestamente tarifas menores a una serie de funerarias por hacer incineraciones de restos humanos, y éste, a cambio, recibía entre 60 y 150 euros por cada cremación que hacía por la noche fuera del control legal del camposanto.

Las pompas fúnebres aseguraban que las incineraciones fuera de Málaga eran más baratas aunque hubiese que trasladar los cuerpos a otras ciudades como Marbella, Sevilla, Granada o Alicante, y cientos de malagueños recibieron bolsas con restos que no eran de sus familiares. El fiscal pide que se les indemnice con más de dos millones de euros.