El ministerio de los líos
Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno con la promesa de situar entre sus prioridades el problema de la vivienda, hasta el punto de que alumbró un ministerio de nueva planta. Frente al nihilismo de los ocho años de Gobierno de Aznar, que asistió impávido a una escalada de precios que ha convertido la vivienda en un bien inalcanzable para millones de españoles, unido a una disminución de la oferta de viviendas de protección oficial (VPO), las declaraciones del nuevo Ejecutivo prometían una política de ayuda activa al mercado de alquiler y un deseo de que la llamada burbuja inmobiliaria fuera deshinchándose lentamente, en forma de desaceleración paulatina de los precios.
Pero los buenos deseos no transforman la realidad por sí solos. En los últimos meses, buena parte de las expectativas de mejora del mercado se están evaporando. Primero, porque el ministerio ha revelado sus debilidades políticas: todas las competencias están en manos de las comunidades autónomas; segundo, porque, al menos hasta ahora, la ministra María Antonia Trujillo ha mostrado un pulso político poco firme para pilotar los vaivenes del departamento. De la falta de competencias, mal puede responsabilizarse a la ministra. Así es el ordenamiento vigente. Pero sí del aparente fracaso en coordinar un plan pactado con las comunidades autónomas. Y, por supuesto, de la extrema confusión de los mensajes que transmite.
El miércoles pasado criticó la calidad de las estadísticas de vivienda, a las que atribuyó la funesta cualidad de generar excesiva alarma en el mercado, y sugirió que el ministerio no volvería a publicar las cifras. Tardó apenas 48 horas en rectificar tan peregrina negación del derecho que tienen los ciudadanos a alarmarse o no por la evolución de los precios de la vivienda.
Si consideraba que las estadísticas reflejan mal la evolución de los precios, debería haberlo anunciado en el momento en que dispusiera de las estadísticas correctas. El aplazamiento de la entrada en vigor del plan de vivienda a 2006 -previsto inicialmente en 2005- muestra también las dificultades políticas de la ministra para articular soluciones en profundidad para el mercado de la vivienda, más allá de un plan de choque que se limita a estimular el alquiler y el pago de la entrada de la vivienda con más dinero público y que resulta insuficiente para abaratar los pisos.
Tras tanta confusión, anuncia ahora un inventario de suelo público que permita conocer en todo momento la disponibilidad de metros cuadrados que pueden influir en el mercado. Hay que confiar que eso signifique que se han vencido los obstáculos erigidos por ministerios e instituciones públicas para aportar el suelo en su poder. Si fuera así, estaríamos ante un gran avance, pero la ministra debería explicarlo con la mayor claridad posible para evitar malentendidos y rectificaciones.
