El acusado de matar a un angoleño en Alcorcón culpa a un muerto del crimen

Un jurado popular enjuicia desde ayer en la Audiencia de Madrid la muerte del inmigrante angoleño Ndombele Augusto Domínguez, de 16 años, ocurrida el 20 de julio de 2002 en los aledaños de la discoteca Inn, en la zona de copas de Costa Polvoranca (Alcorcón). El acusado de esta muerte es José David Fuertes Sánchez, de 26 años, portero y vigilante jurado de Inn. Fuertes, apodado El Tocho por su enorme complexión física (2 metros de altura), se declaró inocente y culpó de la muerte a Pablo G. S., un "conocido" suyo que se suicidó dos días después del crimen.

Fuertes se enfrenta a una petición del fiscal de 13 años de cárcel por homicidio (la familia de la víctima pide 20 años por asesinato). Según la acusación pública, asestó dos cuchilladas a

Ndombele con una navaja automática: una en la cara, y la otra, mortal, en el corazón. Fuertes negó ayer ante el jurado, presidido por el magistrado de la Sección Sexta José Manuel Fernández, ser el autor de sendas cuchilladas e inculpó al fallecido Pablo. Señaló que le avisaron de que había una riña a las puertas del local y que entre los que discutían vio a Pablo y Ndombele, "que estaba pasado de vueltas por el alcohol". "Vi al chico de color, que en paz descanse, y estaba muy agresivo. Le di una bofetada y le dije: 'Venga, chaval, vete ya de aquí", comentó.

Según el acusado, Pablo -que disfrutaba ese día, viernes, por la noche, de un permiso de salida de la cárcel: purgaba un intento de homicidio- "perdió en ese momento los nervios" y se abalanzó hacia Ndombele gritando "lo apuñalo, lo apuñalo...". Fuertes declaró que quitó a Pablo de encima de la víctima y que regresó al local, aunque antes de entrar vio a Ndombele "apoyado en un coche y de pie, y no pensé que le hubiera pasado nada", señaló. Agregó que intervino en la riña porque era "controlador de seguridad" de Inn y su misión es "evitar conflictos", y añadió que conocía a Pablo "de haberle visto" antes en el local. No precisó, en cambio, si llegó a ver el arma homicida, que la policía nunca ha encontrado.

Una de las dos cuchilladas que recibió la víctima fue en el rostro. Testigos del crimen han declarado que le vieron sangrar en abundancia. Dado que el reo dijo que regresó a la discoteca y dejó a Ndombele de pie y echado en un coche, aparentemente normal, el jurado formuló a Fuertes la siguiente pregunta: "¿Qué explicación tiene que no viese usted sangre en el rostro de la víctima si una de las dos cuchilladas fue en la cara?". "Él estaba de pie y normal cuando me fui, y tenía las manos en la cara, quizá por el bofetón que yo le había dado", respondió. Y añadió: "Volví a mi puesto de trabajo, estuve allí un rato y luego me fui a mi casa a descansar. No quería problemas. Y al día siguiente me fui de vacaciones a Benidorm", argumentó más tarde. Allí, en Torrevieja, se enteró de la muerte del Ndombele, dijo. "Entonces pensé que a Pablo se le iba a caer el pelo", subrayó.

Ni el fiscal ni los abogados de la acusación se creen la versión de Fuertes. Están convencidos de que es el autor del crimen y que aprovecha el suicidio de Pablo para echarle la culpa. Pablo se suicidó supuestamente dos días después de este crimen (estaba de permiso carcelario). Al menos así lo dictaminó el juez que investigó el asunto.

Otro asesinato

Sin embargo, la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, personada en este proceso y que pide 20 años de cárcel para Fuertes por el asesinato "racista y xenófobo" de Ndombele, también considera que Pablo fue asesinado.

Ampara esta creencia en el hecho de que un informe de Toxicología revela que se hallaron "escasas partículas habituales de residuos de disparo en las manos del fallecido". Y en que la trayectoria de la bala impide pensar que se trata de un suicidio, según destacó ayer el portavoz del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.

Fuertes sostuvo que se enteró de las dos muertes "por amigos", a los que telefoneó desde Benidorm, donde fue detenido un mes después del crimen del inmigrante angoleño. Según las acusaciones, allí alquiló una casa, usando a otra persona como intermediaria, por un tiempo de nueve meses; y, además, la policía le decomisó dos machetes y 4.700 euros. Fuertes señaló que fue a Benidorm de vacaciones y que si tardó un mes en entregarse a la policía fue siguiendo la recomendación de su ex abogado, que le dijo que le esperase a que él volviera de Estados Unidos.