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COLUMNA

Del patriotismo y del perdón

La izquierda ha sido acusada de querer tener el monopolio de los buenos sentimientos. En las elecciones francesas de 1974, Valéry Giscard d'Estany le dijo a François Mitterrand: "Ustedes no tienen el monopolio del corazón". Y ganó. El monopolio había resultado ser muy frágil. La derecha siempre ha creído tener el monopolio del patriotismo, una idea reforzada porque la izquierda, que se proclamaba internacionalista y cosmopolita, tardó en entender que el nacionalismo tenía tirón y era muy útil para ganar elecciones.

El problema es que el nacionalismo es especialmente eficaz como ideología para la acción política mientras se tiene en régimen de monopolio, porque permite situarse por encima de cualquier otra línea de confrontación política. Y la derecha vestida de nacionalismo parece menos derecha. Cuando un partido nacionalista pierde la exclusiva se queda sin la capacidad de determinar quién es nacionalista y quién no lo es. Sin esta capacidad se convierte en un partido como los demás, obligado a situarse en otras coordenadas referenciales como el eje derecha-izquierda o el eje religión-laicidad.

Para Convergència i Unió (CiU) fue muy grave perder el monopolio del nacionalismo. Unió se ha defendido mejor porque siempre ha tenido en la recámara la vertiente cristiana que le da contenido y posición en caso de apuro. Pero Convergència ha quedado desnuda y, en el desconcierto, ha tirado por la borda uno de sus más preciados signos identificativos: el europeísmo.

Sólo desde este estado de confusión se entiende su actitud enrabietada por el homenaje del pasado viernes al presidente Lluís Companys. A CiU le hizo mucho daño el crecimiento de Esquerra Republicana, que de un plumazo electoral confirmó que el nacionalismo no era exclusiva de nadie, y alteró definitivamente sus esquemas el que un socialista -Pasqual Maragall- se hiciera con la presidencia de la Generalitat, que los convergentes habían presentado siempre como un cargo sólo al alcance de los nacionalistas de estricta observancia. Que ahora el presidente Maragall despliegue una intensa actividad en el terreno del simbolismo patriótico les provoca una irritación que disimulan mal. Sólo así se explica su ausencia en un acto de clara significación patriótica, en reparación de la figura del presidente Companys.

Maragall ha conseguido que el Gobierno central participara en un acto de homenaje a Companys y que se iniciara el proceso de revisión de los juicios sumarísimos del franquismo, empezando por el del presidente catalán. En 23 años de gobierno CiU no lo había logrado. Sin duda, tiene muchos atenuantes: en tiempos de Adolfo Suárez era una idea impensable, el franquismo estaba todavía caliente; Felipe González entró con mayoría absoluta y sin que nadie se atreviera a soplarle, y, cuando la perdió y CiU ganó en peso e influencia, había muchas urgencias sobre la mesa para un Gobierno socialista en plena decadencia. Después vino José María Aznar, que no estaba precisamente por la labor, aunque CiU le viera inicialmente con tan buenos ojos que cayó en un matrimonio letal. Pero la historia tiene su curso y los acontecimientos llegan cuando llegan. Lo lógico hubiera sido que CiU se guardara el resentimiento, que siempre se gestiona mejor en la intimidad, y se apuntara a un acto cuya importancia tampoco hay que desorbitar. Da la impresión de que CiU todavía no se ha dado cuenta de que ya no tiene el monopolio del nacionalismo. Cuando se entere, comprenderá que un acto no es ni más ni menos patriótico por el hecho de que CiU se pronuncie en contra. Al fin y al cabo, en este campo, como en todos, la legitimidad se alcanza con los resultados, y el tripartito tiene una coyuntura más favorable que otras para marcar algunos puntos.

Maragall ha jugado fuerte la carta del simbolismo nacional en sus primeros meses como presidente. Sin duda, es algo que va incorporado a un cargo que imprime carácter. Maragall parece, sin embargo, como si sintiera necesidad de sobreactuar en materia patriótica. Algunos, entre los que me cuento, le esperábamos en otros terrenos. Pero la actitud de CiU no hace más que reforzar la estrategia de Maragall.

El Gobierno central ha situado la reparación a Companys haciéndola extensiva a otros juicios sumarísimos del franquismo, y Maragall ha tenido el coraje de recordar que algún día habrá que acordarse de los que sufrieron los paseíllos y las sacas en tiempo republicano. Esquerra Republicana ha insistido en la necesidad de que el Gobierno, en nombre del Estado español pida perdón a Cataluña por el fusilamiento de Companys. Este razonamiento parte de la idea de que, a través del franquismo, el Estado español se cargó las instituciones de gobierno de Cataluña, que de este modo fue derrotada como nación. También el Estado republicano fue radicalmente destruido. No me parece legítimo establecer ningún tipo de continuidad entre el Estado republicano y el Estado franquista, que hiciera que Cataluña hubiera sido más perdedora de la guerra que el resto de España. Si Cataluña se quedó sin sus instituciones de autogobierno, España se quedó sin Estado republicano. Perdedores los hubo en todas partes, ganadores también.

Muchos de los actuales gobernantes españoles tienen en sus familias víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. ¿A quien perdió su abuelo en manos de los nacionales hay que exigirle que pida perdón por los atropellos cometidos por éstos? Me parece un despropósito. Si algún hilo de cotinuidad hay entre el Estado franquista y el Estado democrático pasa por la figura del Rey. Es al Rey -que, no olvidemos, ejerce la jefatura del Estado- y no al gobierno electo al que se podría exigir esta petición de perdón. Pero un perdón no sólo dirigido a los catalanes, sino a todos los republicanos. ¿O es que como víctimas también vamos a exigir un derecho diferencial?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de octubre de 2004