Abogados de Orihuela estudian recusar a los jueces por el caso del aparcamiento

Un grupo de abogados, encabezados por el letrado Aitor Canales, estudia la recusación de los jueces de Orihuela en aquellas causas en las que esté implicado, como querellado o querellante, el Partido Popular, formación que gobierna con mayoría absoluta el Ayuntamiento. La decisión de los letrados se produce tras conocerse la iniciativa del Consistorio oriolano de costear ocho plazas en un aparcamiento privado para uso exclusivo de los juzgados de ese partido judicial. El Ayuntamiento, mediante decretos de la alcaldía, paga desde abril de 2002 las ocho plazas en el aparcamiento privado Entrepuentes, en el centro de la ciudad, a unos 200 metros de los juzgados. Desde esa fecha, el servicio ha supuesto un desembolso de unos 40.000 euros a las arcas municipales.

Los letrados aseguran que se vulnera el principio constitucional de la imparcialidad

"Hay que ser prudentes, aunque la cuestión recogida en la prensa es grave porque relaciona de manera directa a la Administración ejecutiva con la judicial", afirma Canales. "Todas las causas del partido judicial en las que el PP esté implicado como querellado o querellante pueden ser objeto de recusación, porque la Constitución consagra el principio jurídico de la imparcialidad, e incompatibilidad de funcionarios, jueces y fiscales". El letrado considera que ese principio constitucional, y en concreto el artículo 103, se vulnera con la iniciativa del PP de Orihuela de abonar el aparcamiento a los magistrados sin tener obligación legal de asumir el mantenimiento de ese servicio.

Este colectivo de abogados se plantea como prioridad la recusación de un magistrado, el titular del juzgado número 4 de Orihuela, que instruye la denuncia por la supuesta construcción ilegal de un campo de golf en los Altos de Algorfa. "En ese caso, además de derechos particulares, también se afectan derechos públicos, como los recursos hídricos y la ordenación del territorio", argumenta el letrado. La recusación puede tener cabida legal porque los juzgados de Orihuela tienen la competencia judicial sobre los municipios vecinos de Algorfa, Almoradí -donde su ubica el campo de golf- y sobre el resto de ayuntamientos de la Vega Baja.

El proyecto del campo de golf de los Altos de Algorfa lo promueve el constructor Antonio Pedrera. Este empresario es socio del también promotor Domingo Alcocer, propietario del aparcamiento Entrepuentes. Ambos coinciden en el consejo de administración de la televisión local, Canal 34, próxima a las tesis del Partido Popular. Aparte del constructor, en las diligencias están imputados el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, del PP, y el abogado y urbanista Rafael Martínez Campillo.

La iniciativa de pagar el aparcamiento de los jueces de Orihuela que el alcalde, José Manuel Medina, justifica en "motivos de seguridad", también ha sido cuestionada por el Grupo Socialista municipal. Su portavoz, Francisco García Ortuño, considera que los magistrados deberían de haberse abstenido en las casos en los que esté implicado el PP. El PSPV ha traslado el asunto a la Fiscalía General del Estado.