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El Gobierno contradice al Tribunal de Cuentas y afirma que "todo es plenamente legal" en Musikene

La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, contradijo ayer al Tribunal de Cuentas y señaló que toda la actuación de la Fundación para el Centro Superior de Música-Musikene se atuvo a la legalidad. "Es una entidad de naturaleza privada con participación pública, pero no forma parte del bloque público", señaló la consejera para justificar las actuaciones de los responsables del centro cuestionadas por el informe del órgano fiscalizador.

Sobre las irregularidades puestas de manifiesto en el informe, Azkarate señaló: "Es la opinión del tribunal, nosotros tenemos otra".

El Tribunal de Cuentas, en la opinión que figura en el primer punto del informe, señala textualmente respecto de la Fundación cuestionada: "Teniendo en cuenta que ha sido creada por el Gobierno vasco, que la financiación es pública, que la Administración mantiene el control de sus órganos de gobierno y que presta un servicio público, la Fundación debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación de personal y los principios de publicidad y concurrencia en la contratación de bienes y servicios".

Los dos primeros reproches que el informe fiscalizador dirige a la entidad son precisamente en relación con la selección de sus 49 profesores y 6 de sus 10 directivos y administrativos, que se hizo sin publicidad. Y otro tanto señala el tribunal respecto de licitaciones para adquisición de bienes y contratos de servicios que tampoco se publicitaron.

Preguntada ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz obvió ayer estas censuras directas y precisas del tribunal, que empieza por desmontar el primer argumento alegatorio del Ejecutivo en relación con la condición de entidad privada de Musikene, que le relevaría de la obligatoriedad de cumplir esos requisitos. Pese los criterios establecidos por el órgano fiscalizador, el Gobierno no alberga, según se desprende de las palabras de Miren Azkarate, ninguna intención de modificar el funcionamiento de la fundación ni corregir las acciones censuraras, como la contratación sin publicidad de todo su profesorado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de octubre de 2004