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Tribuna:

La relación entre Europa y el Hemisferio Sur

Europa es también, en cierto sentido, nuestro hogar. Europa nos ha enseñado que este siglo XXI necesita entidades regionales fuertes y eficaces. Cuando los latinoamericanos miramos a la Europa de hoy, vemos un ejemplo que es preciso seguir. Debemos trabajar por una Latinoamérica más unida e integrada, para que tenga una auténtica voz en este mundo globalizado.

Europa y el Sur comparten el reto de hacer que la globalización beneficie a la mayoría, y no sólo a unos pocos. Significa comercio y ayuda al desarrollo, pero también acuerdos políticos y culturales. Y, frente a este reto, la Red de Gobernanza Progresista es el principal foro en el que progresistas de todos los continentes pueden colaborar políticamente con el fin de hacer realidad dichos objetivos.

Los progresistas somos, al mismo tiempo, iguales y diferentes. Compartimos un pensamiento común. Creemos que los cambios en marcha son más una oportunidad que un riesgo. Los retos del futuro nos atraen más que la nostalgia por el pasado. Por eso somos progresistas.

La globalización produce una interdependencia cada vez más descompensada, con cambios brutales en la productividad, una tremenda competitividad, y más desigualdad dentro de cada sociedad y entre las naciones. El gran desafío que nos aguarda es el de administrar los aspectos positivos de estos cambios y evitar los efectos negativos.

La Declaración del Milenio de Naciones Unidas define los objetivos globales a los que todos aspiramos. Sin embargo, la acción ha sido escasa. La extensión de las desigualdades internacionales en décadas recientes se puede atribuir no sólo a un incremento renovado de las disparidades internacionales en los niveles de PIB per cápita, sino también a un aumento generalizado de las desigualdades dentro de los países.

La igualdad social es el imperativo moral de nuestra época. En este mundo globalizado ya no es posible ocultar por más tiempo la pobreza y la injusticia. No podemos esforzarnos en reducir la incertidumbre para las empresas y, al tiempo, dejar a los pobres desprotegidos frente a la enfermedad, el desempleo, la vejez y la muerte. No podemos reformar los sistemas de justicia para que protejan los derechos de propiedad sin reconocer la desprotección de los derechos cívicos fundamentales. No podemos celebrar el progreso económico y técnico de este siglo y cerrar los ojos ante los millones de personas que no logran satisfacer sus necesidades más elementales.

Si los países desarrollados deben reformar el Estado de bienestar clásico para hacer frente al reto competitivo de la globalización y la nueva economía, los países en vías de desarrollo deben superar unas desigualdades sociales intolerables para ser competitivos hoy. Los elementos fundamentales de este desafío son inversiones en capital humano y redes de protección social, un gasto social transparente y eficaz, unos sistemas más amplios y eficientes, y unos mecanismos específicos que garanticen la solidaridad y la igualdad.

Hoy debemos tener tres objetivos fundamentales: garantizar una oferta adecuada de bienes públicos globales, construir un sistema mundial basado en los derechos humanos y superar las asimetrías que caracterizan el sistema económico mundial.

El primero de estos objetivos tiene como prioridad la gestión de la interdependencia entre naciones. Los otros dos se centran en la igualdad, en sus dos dimensiones: entre los ciudadanos y entre las naciones.

Con respecto a los bienes públicos globales, el enorme abismo entre el reconocimiento de la creciente importancia que tienen la interdependencia y la debilidad de los instrumentos internacionales actuales hace que sea imposible garantizar dichos bienes.

La construcción de una ciudadanía global en una comunidad internacional heterogénea implica el respeto tanto a los derechos humanos esenciales como a la diversidad cultural, es decir, una combinación del principio de igualdad y el "derecho a ser diferente". En esta perspectiva, los derechos civiles y políticos forman un conjunto indivisible e interdependiente con los derechos económicos, sociales y culturales.

Aun siendo crucial que el Estado emprenda una acción redistributiva a escala nacional para garantizar la igualdad de oportunidades, el tercer objetivo implica que los esfuerzos nacionales sólo pueden obtener resultados globales si se completan con una cooperación internacional destinada a superar de forma gradual las asimetrías esenciales del orden mundial. Dichas asimetrías se dividen en tres categorías fundamentales. En primer lugar, las relacionadas con la vulnerabilidad macroeconómica de los países en vías de desarrollo a las sacudidas externas. Segundo, aquellas ligadas a la lenta e irregular difusión del progreso técnico desde los países de origen hacia el resto del mundo. Tercero, el problema del contraste entre el alto grado de movilidad del capital y la reducida movilidad internacional de la mano de obra, sobre todo entre los trabajadores poco cualificados.

Para responder a estas asimetrías, nada puede reemplazar al esfuerzo interno de cada uno de nuestros países. A pesar de ser un país pequeño y remoto, Chile se ha ganado una plaza modesta en el mundo globalizado. Lo hemos conseguido no debido a la riqueza, la geopolítica o el poder, sino sobre la base de ideas innovadoras y una experiencia reformista enriquecedora.

Rectificar la primera de estas asimetrías supone adoptar un enfoque de conjunto, para reducir la segmentación y la volatilidad del acceso de los países en vías de desarrollo a los mercados financieros internacionales, y también ofrecerles más espacio en el que poner en marcha políticas macroeconómicas contracíclicas.

Para rectificar la segunda, es preciso que el sistema de comercio facilite la transferencia sin problemas, a los países en vías de desarrollo, de producción de materias primas, industrias tecnológicas desarrolladas y servicios normalizados, con el consiguiente incremento de la participación en la producción de tecnología y los sectores de alta tecnología.

Por último, superar la tercera asimetría requiere que las migraciones de trabajadores estén plenamente incluidas en las prioridades internacionales, mediante un acuerdo global sobre política migratoria y acuerdos regionales y subregionales, además de mecanismos complementarios que faciliten las migraciones.

A falta de instituciones en el orden internacional capaces de garantizar estos tres objetivos, la globalización está resultando ser una fuerza muy desintegradora, tanto a escala internacional como nacional.

Por tanto, para avanzar es necesaria la acción tanto en el ámbito nacional como en el ámbito mundial. En un entorno abierto como el que caracteriza hoy día a las economías del Sur, los países en vías de desarrollo deben levantar una competitividad estructural basada en tres pilares fundamentales: la creación de sistemas de innovación, el apoyo a nuevas actividades productivas y la provisión de infraestructuras de calidad.

En el ámbito mundial, la ausencia de una gobernanza adecuada sólo podrá resolverse cuando los problemas mundiales se afronten mediante un proceso político cuya estructura ya no esté limitada a las esferas nacionales y locales.

En este aspecto, las prioridades de la reforma financiera deben ampliarse, al menos, en dos sentidos. Primero, deben ir más allá de las cuestiones de prevención y resolución financiera para incluir las relacionadas con la financiación, la autonomía y el control de las políticas económicas de desarrollo por parte de aquellos países más pobres y de menor tamaño. Segundo, debe tener en cuenta de forma sistemática no sólo el papel de las instituciones mundiales, sino también de los acuerdos regionales, y la definición explícita de los campos en los que debe mantenerse la autonomía nacional.

La ciudadanía es fundamental no sólo porque es un derecho que contribuye al bienestar de las personas, sino porque, además, es el medio más eficaz de garantizar que se tengan en cuenta los objetivos sociales de desarrollo en la toma pública de decisiones. Este concepto integral de desarrollo entraña algo más que la mera complementariedad de las políticas sociales, económicas, ambientales y de gobernanza democrática, por un lado, y el capital humano, el bienestar social, el desarrollo sostenible y la acción ciudadana, por otro. En realidad, se debe concebir la ciudadanía como una parte esencial del desarrollo. Estoy seguro de que, con esta visión integral del desarrollo y mediante la cooperación política, Europa y el Sur pueden trabajar codo a codo con el fin de construir un futuro mejor para la mayoría.

Ricardo Lagos es presidente de Chile. Este artículo ha sido escrito para la Conferencia de Gobernanza Progresista. Organizada por Policy Network y con el primer ministro húngaro como anfitrión, la conferencia está teniendo lugar esta semana en Budapest (www.policy-network.net).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de octubre de 2004