Solbes se compromete ante la Comisión a modificar el derecho de veto de las empresas privatizadas

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha enviado una carta al comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, en la que se compromete a modificar la ley que regula la acción de oro de las empresas privatizadas españolas. La acción de oro es una norma que permite al Gobierno intervenir en las decisiones de las empresas privatizadas.

La carta de Solbes es la respuesta del Gobierno español al segundo expediente que ha abierto Bruselas contra España para exigir una mayor contundencia en dicha regulación. La idea del Gobierno español es elaborar una nueva normativa más transparente, que trate de acercarse al modelo belga, que está admitido por la Comisión. Este modelo reduce sensiblemente la capacidad de maniobra del Estado en la toma de decisiones de las empresas privatizadas. En España cuentan con acción de oro Repsol (hasta el 6 de noviembre de 2006), Indra (23 de marzo de 2006), Telefónica (18 de febrero de 2007), Iberia (3 de abril de 2008) y Endesa (8 de junio de 2008). Ya cumplió el plazo de Altadis (antigua Tabacalera) y Argentaria (integrado en el BBVA).

Ayer, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, se refirió a esta nueva norma en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Gobierno analizará "muy concienzudamente" la situación actual de la acción de oro en las empresas privatizadas, después de que la Unión Europea haya requerido a España mayor contundencia en la legislación española que regula este procedimiento, según afirmó David Vegara.

"Analizaremos muy concienzudamente la situación que nos hemos encontrado como Gobierno entrante", recalcó Vegara al término de su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en el Congreso. Vegara se refería así a la misiva del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

En concreto, en el procedimiento abierto, la Comisión Europea exige a España una mayor contundencia en la legislación relativa a la acción de oro, pese a que el Parlamento español ya aprobó una disposición adicional el 30 de diciembre de 2003 con el objetivo de cumplir las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre la misma materia. El Ejecutivo comunitario anunció el envío de un pliego de cargos a las autoridades españolas al no estar conforme con las modificaciones introducidas por España, por lo que les recordó que tienen la obligación de cumplir la decisión del Tribunal de Luxemburgo de 13 de mayo de 2003.

En aquella ocasión, se condenó al Estado español por incumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las normas del Tratado de la UE sobre libre circulación de capitales. El Tribunal señaló en su veredicto que España había mantenido un régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.