El PSPV lleva al fiscal el caso del aparcamiento de los jueces de Orihuela y el archivo de las querellas al alcalde

El PSPV de Orihuela ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la iniciativa del alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, de pagar el aparcamiento a los jueces. Los socialistas también instan al fiscal general a que indague dos resoluciones favorables al primer edil, adoptadas por un juez después de que el Ayuntamiento contratara a la hermana del magistrado.

Los socialistas sostienen que una corporación local debe dedicar su presupuesto a las finalidades que la Ley del Régimen Local establece, "sin que sea lícito dedicar fondos a otros usos distintos, lo cual supondría una actuación administrativa calificable como manifiestamente injusta". El Ayuntamiento tiene contratadas desde abril de 2002 ocho plazas en un aparcamiento privado para uso de los jueces.

Medina defiende la legalidad del contrato de la hermana del juez que le exculpó

Respecto al segundo caso, el PSPV pide al fiscal general que indague dos resoluciones adoptadas por el titular del juzgado número 3, José Manuel Galiana Serrano, en relación a sendas querellas presentadas por la oposición contra Medina por supuesto tráfico de influencias y soborno. El magistrado decretó el archivo de la primera denuncia y levantó la imputación al alcalde en la segunda. Ambas resoluciones se produjeron después que el Ayuntamiento contratara a la hermana del juez. El PSPV cree que el magistrado debió abstenerse.

El alcalde de Orihuela remitió ayer un comunicado instando al portavoz del grupo socialista, Francisco García Ortuño, a rectificar. En la nota, Medina justifica el pago del aparcamiento de los jueces por motivos de seguridad. Según el alcalde, Orihuela "es objetivo y zona caliente de bandas terroristas". El primer edil subraya que la medida "es temporal hasta que se finalicen las obras del palacio de Justicia". El alcalde también defendió la legalidad de la contratación de la hermana del juez que le exculpó de las acusaciones de tráfico de influencia y soborno. Medina esgrimió el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles a acceder a un puesto de trabajo. "No se puede poner en tela de juicio con fines partidistas y políticos la honorabilidad de las personas ni de las instituciones, por ello muestro mi total indignación por el desprecio que el PSPV muestra tener, no sólo con la institución municipal, sino con la administración de Justicia". La respuesta de Ortuño fue contundente: "No sólo no rectificó, sino que me reafirmó. Si Medina no ofrece una explicación clara de ambos asuntos a la ciudadanía, lo que tiene que hacer es dimitir".

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó la tesis del PSPV de que los jueces de Orihuela tengan que abstener en asuntos relacionados con el Ayuntamiento por el caso del aparcamiento. "El servicio se ofrece en función de su cargo público. No se trata de aparcamiento para uso privado", dijo la responsable de prensa. El TSJ defendió la legalidad de las resoluciones del juez Galina sobre las querellas a Medina. "En ambos casos, el juez actuó a propuesta del fiscal. La conducta del juez fue irreprochable", subrayó la portavoz del alto tribunal.