¿Una necesidad social o un campo de batalla político?

El desarrollo del Sistema Nacional de Salud significó una conquista de la ciudadanía en el avance del Estado de bienestar. Hoy los ciudadanos de todas las comunidades autónomas disponen de unos servicios sanitarios gratuitos y universales, valorados por los organismos internacionales como uno de los más eficientes del mundo. Esto se debe sin duda a la confluencia de dos características fundamentales: afrontar la cartera de prestaciones sanitarias más amplia y gratuita de Europa, y hacerlo con uno de los gastos sanitarios públicos en relación con el producto interior bruto más bajo de los países de la Unión Europea.

A pesar de esta realidad, que es un valor irrenunciable de nuestra sociedad, nos encontramos que en todas y cada una de nuestras comunidades autónomas hay un importante debate político, social y mediático en torno a la financiación sanitaria. Las causas son múltiples y no pretendo ahora una reflexión profunda de ellas, pero creo que es fácil comprender que ofrecer cada vez más servicios gratuitos que otros países, y gastar menos que ellos, genera una contradicción difícil de superar y que es fuente de tensiones en el sistema sanitario. La demanda es cada vez mayor, pues cuando la población crece, y además envejece, usa más los servicios sanitarios, y por el contrario, la oferta siempre va por detrás. La financiación no evoluciona con la población, y esta relación entre oferta y demanda es una constante fuente de tensiones. Pero, además, vivimos en una sociedad desarrollada, donde el avance de los servicios del Estado de bienestar va acompañado de un consumidor cada vez más exigente y más consciente.

No hay comunidad autónoma donde el sistema sanitario no esté sometido a estas tensiones. Tomemos como ejemplo lo que ocurre en Canarias, donde la población protegida por el Sistema Canario de Salud ha crecido un 13,5% entre 1999 y 2003, al mismo tiempo ha sido la que mayor crecimiento acumulado en población de 65 y más años, también el 13,5% entre 1999 y 2002; además, atiende a una población turística, a menudo con tarjeta sanitaria europea, y a un volumen cada vez mayor de población inmigrante, todo ello en el contexto de un territorio fragmentado en siete islas. Este panorama nos permite observar cómo influyen algunas variables en el incremento de la demanda sin tener cobertura en la financiación.

Soy consciente de que todas estas particularidades canarias puede que no sean muy conocidas en el resto del Estado, pero estoy segura de que todas las comunidades se pueden ver reflejadas en alguna de ellas. A todo esto hay que añadirle un aderezo común en toda España: la demagogia política que busca el voto entre los ciudadanos legítimamente descontentos con factores diversos, como por ejemplo con las listas de espera. Puestos en esta tarea todo vale: se trata de pedir por pedir, con multitud de mensajes subliminales de que "mi partido lo hará cuando gobierne", y desgraciadamente convertidos en promesas incumplidas cuando se gobierna.

En la anterior legislatura fui diputada en el Congreso, formando parte del grupo parlamentario de Coalición Canaria, y en mis funciones como portavoz en los temas sanitarios pude plantear lo que era y es una de las propuestas de nuestro programa electoral: fraguar entre todos un pacto social por la sanidad. Al igual que los agentes sociales y los partidos políticos captaron la necesidad de un pacto por la sostenibilidad del actual sistema de pensiones, que derivó en el conocido Pacto de Toledo, esa misma necesidad se vuelve a repetir con muestro sistema sanitario. Ahora, como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, sigo planteando este pacto.

Recientemente se ha difundido en los medios la propuesta del vicepresidente económico del Gobierno de un Pacto por la Sanidad; la noticia la valoro positiva, pero creo que debe ir unida a algunas reflexiones, si de verdad no queremos desperdiciar dicha iniciativa. Por importante que sea, un pacto social por la sanidad no debe ser sólo un debate económico, financiero o de presupuestos, sino que debe ser un debate social por la corresponsabilidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Tampoco debe ser un enfrentamiento entre las comunidades, o entre las gobernadas por el PP y las gobernadas por el PSOE, o de todas juntas contra el Estado bajo la consigna de "todas queremos más".

Redireccionar un sistema sanitario complejo en torno a las necesidades del ciudadano exige distribuir adecuadamente los recursos y establecer prioridades. Para ello se deben adoptar criterios de eficiencia y efectividad que permitan que las decisiones que se tomen estén directamente ligadas a las mejoras de los indicadores de salud en la mayoría de la población. Hemos de apostar por un diálogo amplio, haciendo partícipes a usuarios, profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación y demás agentes sociales. Diálogo y participación son dos conceptos necesarios para lograr la corresponsabilidad ciudadana en el diseño de un sistema sanitario sostenible.

Pero hay que crear condiciones para que se pueda gestar un pacto de estas características si es que se tiene voluntad política de ello. Es imprescindible que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde nos sentamos todas las consejeras y consejeros de Sanidad del Estado y el Ministerio de Sanidad y Consumo, no esté ausente de este debate, y es estéril hablar de pacto si no estamos todos. He mantenido y mantengo muchas discrepancias y reivindicaciones pendientes con el Gobierno del Estado, en legítima defensa de los intereses de la sanidad en Canarias. Pero precisamente por eso no he dejado de asistir y exponer y compartir la problemática y posibles soluciones del conjunto del Sistema Nacional de Salud; lo hacía antes, cuando se ausentaban consejeros del PSOE, y lo sigo haciendo ahora, cuando los que no comparecen son los del PP. Pero desde esa independencia que me da el estar ajena a la pugna de los dos partidos estatales, creo que estoy legitimada para reclamar sensatez, pues por encima de otros criterios debemos anteponer los intereses de los ciudadanos.

La sanidad tiene carácter de servicio público preferencial, y sería muy saludable para la ciudadanía despejar cualquier tipo de inseguridad que, aun no siendo real, se produce al situarla en el campo de batalla de la política. Puede que algún partido que gobierne o esté en la oposición en cualquier comunidad autónoma crea que el camino de la negociación o del consenso no le sea rentable, pero lo cierto es que de seguir así perderemos la gran batalla, el gran reto, que es garantizar a las futuras generaciones la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

María del Mar Julios Reyes es vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias.