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La CEV pagará medio millón de euros por el fraude en los fondos de formación de 1993 a 1995

El Tribunal de Cuentas condena a la patronal a devolver el dinero al Gobierno central

El Tribunal de Cuentas condenó hace dos semanas a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) a devolver al Forcem, el organismo del Ministerio de Trabajo que gestiona las subvenciones para cursos de formación laboral continua, un total de 518.000 euros (86 millones de pesetas) que la patronal provincial gestionó de forma fraudulenta entre 1993 y 1995. La CEV mantiene vivo un segundo pleito en el Tribunal Superior de Justicia frente a la reclamación de la Generalitat de 1,5 millones de euros de subvenciones para formación correspondientes al mismo periodo.

La sentencia del Tribunal de Cuentas pone fin a un pleito abierto en 1997 por el uso indebido de ayudas para formación procedentes del Estado. El Tribunal de Cuentas demandaba inicialmente a la patronal provincial más de 1,1 millones de euros, pero la sentencia definitiva reduce la cuantía a poco más de medio millón de euros.

Las objeciones del Tribunal de Cuentas a los documentos presentados por la patronal para justificar los cursos provocaron una investigación paralela del Fiscal Anticorrupción y una reclamación de parte de la Generalitat.

Un portavoz de la CEV aseguró que la única causa pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana corresponde a la reclamación de 1,5 millones de euros de subvenciones concedidas por la Generalitat.

Cepymev, la patronal provincial de pequeñas y medianas empresas, afronta una reclamación paralela de la Generalitat de algo más de 300.000 euros correspondiente a los mismas fechas.

El presidente de la CEV entre 1993 y 1995 era José María Jiménez de Laiglesia y el fallecido Luis Espinosa era el secretario general de la organización empresarial.

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La patronal provincial ha dotado unos 120.000 euros anuales desde 1999 para hacer frente a las posibles reclamaciones judiciales derivadas de los pleitos relacionados con el fraude en la gestión de las ayudas para formación. En el ejercicio 2002, la CEV aprobó una cuota extraordinaria de 110 euros para cada uno de sus 480 vocales con el mismo objetivo.

La causa abierta contra la CEV por estafa en un juzgado de Valencia fue archivada en junio de 2003. El auto judicial establecía que "no puede afirmarse en este momento que hubiera desde un principio idea preconcebida de engañar para la obtención de subvención". Pero siguió su curso la reclamación de las subvenciones que no fueron debidamente justificadas.

El Tribunal de Cuentas detectó casos de duplicidad de facturas para justificar cursos de formación. En algunos casos, la misma factura se presentó hasta cuatro veces.

El secretario general de la CEV comunicó ayer el contenido de la sentencia a la junta directiva de la patronal. La fecha para hacer efectivo el pago todavía no ha sido fijada.

Control de gastos

La Confederación Empresarial Valenciana ha prescindido de varios servicios de asesoría externa durante los últimos meses y ha dejado de renovar contratos a tres empleados como parte de una estrategia dirigida a controlar los gastos habituales de la organización, según informó Enrique Soto, secretario general, a los miembros de la junta directiva reunidos ayer en Valencia.

Las cuotas que aportan los socios de la patronal apenas cubrían los gastos de funcionamiento corriente de la institución a finales de 2003. La gestión de las subvenciones para formación continua de los trabajadores multiplica el presupuesto de la patronal. Pero los fondos europeos destinados a formación se reducirán drásticamente a partir de 2007.

Soto explicó a la directiva de la patronal que la mayor parte de la sede de la institución en la calle Músico Peydró ha sido alquilada con carácter indefinido a diversas entidades. La zona diseñada específicamente para cursos de formación se alquilará temporalmente a las entidades que lo requieran. Los ingresos procedentes del alquiler cubren los gastos del contrato de leasing que la patronal acordó con Bancaixa para recuperar la propiedad del edificio y que superan los 10.000 euros mensuales.

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