Dos buenas noticias

Según un comunicado de la Generalitat, del que se hacían eco estas páginas, la siniestralidad laboral ha descendido en el País Valenciano. En el primer semestre de este año han muerto tan solo 34 trabajadores en accidente, lo cual representa "la mayor reducción de los últimos cinco años", al decir de la referida fuente. Un 38,2% menos que en el mismo periodo de 2003. A dicha cifra hay que añadir otros 83 accidentados graves, lo cual significa, en cambio, un crecimiento del 18,8% en ese capítulo y mengua el aparente éxito que se divulga. Menos muertos, más heridos. El Gobierno cree que es una buena noticia y por eso la airea. Igual espera que lo celebremos con traca y cava.

Y no lo celebramos porque, a nuestro entender, no hay motivo. Bien cierto es que el parte de bajas hubiera podido ser más grave, como acontecía en años anteriores, sin que se pusiera mucha resolución y ardimiento en frenar o eliminar en la medida de lo posible esta lacra social, como se la califica, sin que ello se haya traducido en una adecuada movilización de medios: inspecciones, sentencias y sanciones sociales. Matarse o desgraciarse en accidente de trabajo sigue siendo muy barato en este país. Por desgracia, los siniestros laborales son considerados la ganga del crecimiento económico, un epígrafe más de la cuenta de explotación.

No nos incumbe imputar responsabilidades, pero resulta obvio que la Administración es la que peor parada sale, por imprevisora, laxa o cómplice. Incluso ahora, cuando estima que se ha producido un sesgo positivo en la evolución de la siniestralidad, se percibe cuán ajena es a la autocrítica, y no digamos al pertinente y -en su caso- pío examen de conciencia. Porque no es que mueren menos trabajadores a pie de obra, lo escandaloso es que todavía mueran seis cada mes, por no mentar a los lisiados graves. Y los sindicatos, tan acomodados ellos, tan buenas gentes, no le van a la zaga a los políticos a la hora de afrontar este fenómeno que tiene sus causas y al que podría ponérsele remedio.

A propósito del remedio, precisamente, acontece una segunda noticia buena de verdad. Nos referimos a la reflexión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la CV, Miguel Falomir, cuando declara que su ministerio, y en definitiva la justicia, no ha "estado a la altura de las circunstancias en materia de riesgos laborales y accidentalidad". Una confesión de parte absolutamente insólita por estos páramos, donde toda personalidad pública, y sobre todo institucional, se cree infalible e irreprochable en su parcela. Al fiscal no se le han caído los anillos ni ha menoscabado su prestigio reconociendo lo que es un hecho contrastado con sangre y estadísticas reiteradas.

Y no se limita a la autocrítica. El fiscal propone un plan de colaboración con los organismos y entes involucrados en materia de seguridad laboral con el fin de acabar con esta sangría influyendo en la mentalidad de los empleadores. Una iniciativa plausible, pero más propia de la Consejería de Trabajo, que en este apartado aparece como ausente. Acaso porque, según su criterio indulgente, está muy satisfecha con la pírrica reducción de accidentes mortales, que no nos releva de estar entre los países europeos con más altas tasas de siniestralidad laboral.