Salvem el Cabanyal acusa de "expoliadores" a los populares en el debate de la Ley de Patrimonio
Los socialistas recurrirán cualquier proyecto que, al amparo de la ley, afecte a un BIC
Integrantes de la plataforma Salvem el Cabanyal fueron desalojados ayer del pleno de las Cortes Valencianas durante el debate del proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano cuando mostraron un cartel en el que llamaban "expoliadores" a los populares, a los que acusan de pretender legalizar con esta iniciativa legislativa la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a través de los poblados marítimos. El PSPV anunció que denunciará ante los tribunales cualquier actuación futura que, al amparo de esta ley, aprobada en solitario por el PP, afecte a un conjunto histórico.
El PP aprobó ayer en solitario el proyecto de ley de reforma de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano de 1998. Una iniciativa legislativa polémica desde que a finales del pasado año el Gobierno Valenciano la remitió a las Cortes -el Consell Valencià de Cultura la consideró demasiado "permisiva"- y que, según han insistido desde entonces los grupos de la oposición, "esconde" una "puerta trasera tan amplia" a través de la excepción por "interés general" que provocará que "los monumentos y centros históricos puedan ser arrasados a poco que a un constructor o urbanizador les molesten en sus planes". La portavoz de Cultura del Grupo Socialista, Isabel Escudero, lo dijo ayer en su primera intervención de defensa de las enmiendas parciales presentadas por el PSPV: con esta modificación, lo que propone el PP es "el suicidio" de la Ley de Patrimonio. Escudero explicó que el proyecto se reduce a un solo punto: el apartado "i" del artículo 39, que faculta al Consell a autorizar, por motivos "de interés general" o ante "proyectos singulares relevantes", modificaciones de la estructura urbana y arquitectónica en entornos históricos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), siempre que se persiga lograr una "mejora de su relación con el entorno territorial o urbano" o se pretenda evitar "usos degradantes" de los mismos.
Desde que conocieron el proyecto, los grupos de la oposición han mantenido que lo que en realidad pretende esta iniciativa legislativa es "desproteger" bienes protegidos y legalizar, entre otros, el proyecto de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez de Valencia a través del barrio de El Cabanyal.
Precisamente, representantes de la Plataforma Salvem El Cabanyal acudieron ayer al pleno de las Cortes y, cuando se disponía a intervenir la portavoz del PP, Carmen Nácher, 11 de ellos se levantaron de sus asientos en la tribuna de invitados y, cada uno con un folio con una letra pegado a la camisa, mostraron el mensaje espoliadors, aunque lo que se leía en realidad, como muestra la imagen, era espoliapors, porque uno de los participantes se colocó el folio al revés. Maira Barrieras, que en ese momento ocupaba la presidencia de la Cámara, ordenó su desalojo.
Escudero anunció que los socialistas recurrirán ante los tribunales cualquier actuación futura que, al amparo de esta ley, afecte a un conjunto histórico, que harán lo posible para que exista un pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad y que requerirán la intervención del Ministerio de Cultura cuando la Generalitat se extralimite en sus competencias, además de promover la movilización ciudadana.
Ramon Cardona, de EU-L'Entesa, rechazó el proyecto porque "abre la puerta a la destrucción de cualquier conjunto histórico, esté o no declarado como bien de interés cultural" y deja el patrimonio histórico "al pie de la excavadora".
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