Con el alma en las manos

Bene y Judith hablan con todo el cuerpo, pero no emiten sonido alguno. Se expresan con los gestos dulces y enérgicos, pausados o irritados de cualquier conversación, reproduciendo el tono de la voz del otro, pero siempre con la textualidad de movimientos de la lengua de signos española (LSE), un idioma que busca reconocimiento oficial. Ellas fueron ayer en el Senado intérpretes de esta lengua que hicieron historia, al convertirse en las primeras que la utilizaron de forma oficial en las Cortes.

En el estrado, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, desgrana los objetivos que se propone desarrollar durante la presente legislatura. La intérprete traduce las palabras y cada gesto es un concepto. Algunos nombres los deletrea con el alfabeto dactilológico, que es la representación manual en el espacio del abecedario.

El Gobierno pretende aprobar una ley que dé carácter oficial a la lengua de signos española

Aunque parece una comparecencia más de un cargo oficial, una parte del público escucha con los ojos bien abiertos lo que dice Valcarce a través de las manos de Bene. Se emocionan y sonríen cuando la secretaria de Estado afirma: "Y vamos a regular, por ley, la lengua de signos, que es la lengua de las personas sordas que han optado en España por esta modalidad. Esta regulación garantizará a las personas sordas el apoyo necesario para poder acceder a los servicios públicos, información, educación, sistema legal o medios de comunicación". La tribuna se agita con gestos de satisfacción entre los representantes de los sordos que traducen las ganas de acabar con su aislamiento y discriminación secular en un mundo de sonidos.

En España hay un millón de personas que padecen problemas auditivos de mayor o menor grado, según el Instituto Nacional de Estadística. Alrededor de 200 niños nacen cada año con una sordera profunda. Pilar Rodríguez, directora del colegio bilingüe Instituto Hispanoamericano de la Palabra, en Madrid, dice que "es primordial que se reconozca la oficialidad de la LSE para poder contar en las escuelas públicas con intérpretes y asesores sordos", es decir, profesores que comparten su discapacidad con los alumnos.

Valcarce, de acuerdo con las asociaciones de sordos, aseguró ayer que se debe evaluar cuáles son las necesidades de estas personas antes de presentar el proyecto de ley que dé carácter oficial a la lengua, como ocurre ya en Reino Unido, Finlandia y Dinamarca. En seis meses se tendrán las conclusiones de la comisión que fijará cuándo los sordos podrán disponer de intérpretes de LSE, entre otras medidas.

"Somos bilingües por necesidad, no por capricho. El reconocimiento de la lengua supone que dejemos de ser invisibles y nuestros derechos ignorados". Cuando se pregunta a Luis Jesús Cañón, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, si el coste de la integración lingüística de los sordos será elevado, él responde alto y claro, aunque sea con sus dedos: "Estamos hablando de un derecho humano. Además, ¿qué es más caro, tener a un sordo integrado o a uno analfabeto funcional que no puede trabajar?", añade.

Las terciarias franciscanas, encargadas durante décadas de la educación de los sordos en España, sabían qué se hacían cuando enseñaban a los niños en lengua oral todas las asignaturas menos la de religión. Las dos hijas de Toñi Espejo, presidenta de la Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos, escucharon sus primeros cuentos mirando las manos de su madre.