Gobierno y Parlamento discrepan sobre el envío de documentación

Una nueva protesta de la oposición por un retraso de dos meses y medio en el envío de una documentación solicitada al Gobierno ha motivado que la Mesa del Parlamento inste a concertar una reunión entre los servicios jurídicos de la Cámara y los del ejecutivo para intentar "aunar criterios" y establezca que, en caso de desacuerdo, prevalezca la interpretación del Parlamento. Este incidente, originado en torno a una petición del PSE-EE, se añade al registrado por la recriminación que el Gobierno realizó, en acuerdo formal de consejo, a la Mesa de la Cámara en junio.

El Parlamento quiere que su criterio sobre los plazos en los que el Gobierno debe responder a las solicitudes de información de la oposición prevalezca sobre el del ejecutivo cuando se produce un desacuerdo y busca celebrar una reunión entre los servicios jurídicos de la Cámara y los del Gobierno con el fin de "aunar criterios" en torno a los plazos en los que deben sustanciarse respuestas escritas y envío de documentación pedida por la oposición.

Así lo estableció un acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 21 de septiembre, a raíz de un nuevo conflicto entre ambas instituciones, que se añade al registrado en el mes de junio, cuando el ejecutivo denegó por segunda vez la documentación pedida por un parlamentario del PP y al que el órgano de gobierno de la Cámara otorgó su amparo, también por dos veces.

El ejecutivo llegó a recriminar a la Mesa su comportamiento y lo hizo además con la solemnidad de un acuerdo de Gobierno en el que le reprochaba dejarse "instrumentalizar" y la acusaba de proceder de modo "no adecuado".

En el origen de este nuevo conflicto está una diferente interpretación sobre los plazos en los que el Gobierno está obligado a responder a las demandas de la oposición y que en la práctica se salda con la imposición por la vía de los hechos del criterio del ejecutivo.

La protesta se la planteó al presidente del Parlamento la diputada socialista Joana Madrigal el 14 de julio, una vez sobrepasado en una semana el plazo en el que el ejecutivo debería haberle remitido diversa información documentada sobre el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Atutxa respondió a la parlamentaria con un escrito en el que atribuía el retraso a la existencia de "criterios contrapuestos" entre el Parlamento y el Gobierno en la contabilización de los plazos que rigen para respuestas escritas y envío de documentación. "Mientras el Parlamento entiende que los períodos inhábiles (enero, julio y agosto) deben ser considerados como días normales a los efectos mencionados, el Gobierno interpreta lo contrario".

Controversia recurrente

Atutxa definía tal discrepancia como "controversia nunca aclarada" y señalaba a la parlamentaria que, "según el criterio mantenido por el Gobierno, el plazo para la remisión de la documentación por usted solicitada expiraría el 7 de septiembre próximo". Fuentes socialistas estiman que el presidente se limitó a "describir una situación" pero le acusan de "lavarse las manos".

El ejecutivo no respetó en todo caso ni siquiera ese plazo mencionado por Atutxa, ya que la documentación no entró en la Cámara hasta la semana pasada, el 28 de septiembre, diez días después de que la parlamentaria presentara un escrito de queja y amparo en el que solicitaba "la inmediata remisión de la documentación solicitada".

La diputada instó también a la Mesa a tomar medidas para unificar los criterios de ambas instituciones "teniendo presente en todo momento que es el Ejecutivo el que responde de sus actuaciones en la Cámara Legislativa".

Este nuevo incidente motivó el acuerdo de la Mesa del pasado 21 de septiembre en el que se decidió que el órgano de gobierno de la Cámara se hiciera cargo de la reclamación al ejecutivo de la documentación pedida por la diputada socialista. También se acordó la preparación de la reunión entre los servicios jurídicos de Gobierno y Parlamento, que, en la medida que este periódico ha podido saber, todavía no ha tenido lugar. La Mesa reclamaba también la prevalencia de la interpretación de la Cámara sobre el Gobierno en caso de desacuerdo.

Fuentes de la presidencia del Parlamento reconocen la existencia de problemas, cuya solución sitúan en "un abordaje integral" por medio de la paralizada reforma reglamentaria. No fue posible obtener la explicación del Gobierno.