La Constitución europea se votará en España el 20 de febrero

La fecha del 20 de febrero, favorita hasta ahora del PSOE para la celebración del referéndum sobre la Constitución europea, puede considerarse ya prácticamente definitiva. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se reunió ayer con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y constató que hay acuerdo tanto sobre la pregunta a plantear ("¿aprueba usted el proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?") como sobre la fecha indicada.

El acuerdo fue informal, como la propia reunión celebrada ayer, pero será refrendado el próximo 18 de octubre en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, que es la sede adecuada.

El Consejo de Ministros deberá acordar luego la convocatoria, cosa que podría ocurrir poco después de reunirse la comisión, a partir de la tercera semana de este mes, ya que la ley que regula los referendos establece que habrán de ser convocados entre 30 y 120 días antes de la fecha de su celebración. Aprobada por el Gobierno, es el Rey quien realiza la convocatoria formal.

Fuentes gubernamentales y diplomáticas daban, no obstante ayer por seguro que la fecha del 20 de febrero es ya inamovible en la práctica. La gestión que hizo ayer Moratinos respondía a un encargo preciso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y es coherente con el deseo reiterado por el Ejecutivo de consensuar incluso los detalles de las grandes operaciones relacionadas con la política exterior, a fin de restablecer el clima de acuerdo de Estado que prevaleció en estas materias hasta que el Gobierno de José María Aznar dividió al país con su decisión de ir a la guerra de Irak.

Viaje con los grupos

El ministro de Exteriores inició, de hecho, estas consultas el pasado mes de julio, durante la gira que realizó por Nueva York, Brasilia y Bogotá. Fue la primera en que, también en aras del consenso, llevó en el avión oficial a una representación de todos los partidos que aceptaron la invitación para que siguieran su gestiones de cerca.

Al término de aquel encuentro, el ministro informó a la prensa de que percibía un consenso en términos muy similares a los que se manejan ahora, tanto por lo que se refiere a la fecha como al texto de la pregunta, que, en opinión de los partidos, tenía que ser muy clara, concisa y directa.

El consenso anunciado entonces quedó, sin embargo, pendiente de confirmación por parte de algunos grupos que no estuvieron representados en el viaje por sus portavoces en la materia o de otros, como el PNV, que, simplemente no acudieron.

De ahí que todo quedara pendiente de confirmación a la vuelta del verano, después de que los representantes hubieran efectuado las consultas oportunas. Éste fue el trámite que se cumplió ayer. El consenso constatado es "amplio", según el comunicado de Exteriores, que evita hablar de una nimiedad debido a que una formación minoritaria no estuvo representada.

Desde julio, ha cambiado ligeramente la fecha, ya que entonces se manejaba el 27 de febrero. El Gobierno decidió adelantarla en una semana para no hacer coincidir el referéndum con el día de Andalucía y evitar el riesgo de que muchos habitantes de una comunidad muy fiel a los socialistas dieran la espalda a la consulta.

La fecha satisface igualmente la ambición expresada por el Ejecutivo, a través de Moratinos, desde el mismo día del pasado mes de junio en que la Constitución fue aprobada en Bruselas, de que España sea el primer país europeo que la ratifique.

El cambio de posición de Zapatero, que aceptó el sistema de doble mayoría después de que su predecesor, José María Aznar, bloqueara la aprobación de la Carta Magna por aferrarse al sistema de reparto de poder acordado cuatro años antes en Niza, fue esencial para que los 25 dieran un paso histórico que el presidente español presentó como "la vuelta de España al corazón de la construcción europea".

El presidente quiso, en un primer momento que la consulta se convocara para noviembre, pero la fecha resultó prematura, entre otras cosas porque el Gobierno pretendía aprovechar la circunstancia para modificar la Ley de Financiación de los Partido Políticos, a fin de que estos pudieran recibir fondos públicos para los referendos. La oposición del PP ha impedido el acuerdo sobre este punto. Los partidos tendrán, pues, que cubrir con recursos propios una campaña que, según la ley, debe durar un mínimo de 10 días y un máximo de 20.