La llegada de menores inmigrantes 'sin papeles' se estabiliza en 400

La entrada de menores inmigrantes en Euskadi sin padres ni documentos tiende a estabilizarse en una cifra que ronda los 400. Si en el año 2002 llegaron al País Vasco 403, el año pasado ese número se situó en torno a los 350. Pese a este descenso y a que el fenómeno de la inmigración no alcanza las cotas de otras comunidades, la entrada de estos menores está suponiendo un desafío para las instituciones vascas, que en ocasiones se ven desbordadas por el problema. Como ocurrió en Orduña, donde la Diputación de Vizcaya cerró un centro tras unos graves incidentes.

En el mes de marzo, seis menores inmigrantes que estaban internos en el centro de acogida de Orduña se amotinaron y causaron graves destrozos. La Diputación decidió entonces cerrarlo y distribuir a la veintena de menores que vivían en él en tres viviendas, en lo que constituye una nueva política para conseguir una integración más eficaz de este colectivo.

En los últimos años, la situación ha ido variando constantemente y presenta grandes diferencias entre territorios, aunque se mantiene invariable el lugar de procedencia de los menores: el 90% son marroquíes. Mientras Vizcaya acapara en la actualidad el mayor número, la cifra ha ido paulatinamente descendiendo en Guipúzcoa. En Álava es donde menos presencia tienen, pero va creciendo.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las instituciones a la hora de encarar este problema es que no se pueden realizar previsiones sobre el futuro, sobre el momento en el que se producirá la llegada, lo que les impide anticiparse a las necesidades o programar los recursos necesarios. Los flujos de estos menores, los desplazamientos entre provincias o el abandono del centro varían según múltiples factores. El Ararteko, que en los últimos años ha seguido de manera intensa el fenómeno y que está elaborando un informe monográfico sobre él, incluye entre las variables que influyen en los flujos las posibilidades reales de pasar la frontera, la normativa en materia de extranjería, la situación de los servicios de acogida en cada comunidad y las facilidades o dificultades para lograr la documentación en un tiempo que no resulte excesivo.

Fermín Barcelo, responsable de Relaciones Sociales del Ararteko y una de las personas que trabaja en el informe extraordinario, señala que el "boca a boca" funciona entre los menores y, si se enteran de que en una comunidad hay recursos y facilidades, "se van informando unos a otros".

Un colectivo estable

Según Barcelo, los educadores que se encargan de los menores inmigrantes en los centros y pisos de acogida afirman que se trata de un colectivo cada vez más estable. "La situación de estar de paso se sigue dando, pero en este momento cada vez menos. Por ejemplo, en Vizcaya ha descendido el número de entradas, pero la necesidad de dar respuesta es mayor, porque los menores se quedan durante más tiempo. La inmensa mayoría se mantiene más de seis meses", asegura.

El objetivo de los menores cuando recalan en Euskadi es aprender las nociones mínimas de castellano para poder defenderse y conseguir un trabajo que les permita ser autónomos y, a la vez, ayudar a sus familias, que se han quedado en el país de origen. "En muchos casos", expone Barcelo, "los menores viajan hasta España con la idea de enviar dinero a la familia". Los que obtienen documentación y trabajo tienen "muchas posibilidades" de lograr acceder al mercado de trabajo en unas condiciones de estabilidad.

En la comunidad autónoma, las instituciones han optado por acoger a los menores en servicios destinados específicamente para ellos. Existen cinco centros de acogida, dependientes en exclusiva de las diputaciones o bien gestionados por una asociación privada a través de convenios con los gobiernos forales. Los técnicos del Ararteko han realizado varias visitas a estos centros, han mantenido entrevistas con algunos menores y sus educadores y han analizado la memoria que anualmente elaboran. Los problemas detectados coinciden en todos los centros y básicamente se refieren a los obstáculos para ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades de los menores; las dificultades de coordinación y continuidad en la intervención y la escasez de recursos.

El criterio utilizado por algunas diputaciones de no iniciar los trámites para lograr la documentación hasta pasados nueve meses de haber acogido al menor y una vez asumida su tutela también retrasan el proceso de emancipación de los jóvenes.