En época de reformas y contrarreformas
Desde la aprobación de la Constitución, el sistema educativo español viene siendo objeto de constantes reformas y contrarreformas. Baste con recordar las leyes orgánicas que, en materia educativa, han visto su aprobación en el Parlamento en la historia de nuestra joven democracia: LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995) y LOCE (2001). En estos momentos, paralizada durante dos años la entrada en vigor de parte del articulado de la LOCE, algunos de los cuales no llegarán a aplicarse nunca, volvemos a estar a la espera de la aparición de una nueva ley de reforma educativa. Todas estas leyes han supuesto, en mayor o menor grado, una revisión profunda tanto de la estructura del sistema educativo como de las metodologías y sistemas de aprendizaje empleados. Tal vez fue la LODE la ley más decisiva en la reforma del modelo de política educativa y la LOGSE la más empeñada en renovar modelos de aprendizaje y la propia estructura del sistema educativo.
Todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar abiertos a escolarizar inmigrantes
Hay que alcanzar un pacto que ponga fin al enfrentamiento entre pública y concertada
Es evidente que los objetivos pretendidos por las reformas educativas no se alcanzan con la simple publicación de la ley y sus reglamentos en el BOE. Detrás de cada texto legal queda una ardua labor de aplicación y puesta en marcha que precisa de un tiempo y reposo, el que, en mi opinión, no se está dando en España. A nadie se le escapa que todas estas reformas educativas han supuesto un esfuerzo incalculable por parte, especialmente, de centros y profesores que la sociedad debería reconocer y agradecer. Así se explica el que, a pesar de esta convulsión legislativa, nuestro sistema educativo haya avanzado de manera significativa en estos últimos años.
No obstante, en algo hemos de estar fallando cuando ninguna de estas reformas ha sido capaz de resolver el principal de los problemas, el del fracaso escolar. Que el fracaso escolar de nuestros alumnos, en especial en la ESO, sobrepasa lo aceptable, es reconocido por todos. Que los niveles que alcanzan nuestros alumnos en algunas de las principales áreas de enseñanza, matemáticas, lengua, etcétera, no nos colocan precisamente en los lugares de honor dentro del contexto europeo, es igualmente un hecho incontestable, como así lo ha puesto de manifiesto el informe anual de la OCDE, que sitúa nuestro país muy por debajo de la media europea. Por otro lado, la vertiginosa evolución de nuestra sociedad proyecta sobre la educación nuevos y apasionantes retos: la llegada de los inmigrantes, el imparable avance de las nuevas tecnologías, el rearme moral y democrático de la sociedad, la urgencia del conocimiento y dominio de las lenguas europeas...
A todos estos retos educativos debemos dar solución si no queremos ahondar más en nuestras deficiencias. Una solución nueva, imaginativa y consensuada que pasa por parar esta dinámica de reformas y contrarreformas que, de seguir, terminará por agotar definitivamente la capacidad de reacción de centros, profesores, padres y alumnos. Una solución que pasa por un deseable desplazamiento del debate educativo del ámbito político al mundo de los profesionales de la educación y por un ahondamiento en la libertad de la enseñanza, en la igualdad de oportunidades y en la autonomía organizativa y pedagógica de los centros. En definitiva, es necesario alcanzar un buen pacto escolar en el que nadie se pueda sentir excluido y que ponga fin al artificioso e interesado enfrentamiento entre escuela pública y escuela privada concertada.
Sería pecar de ingenuo pensar que la consecución de un pacto escolar pueda ser una tarea fácil. Hay, sin duda, cuestiones sobre las que será complicado alcanzar acuerdos y que son las que han motivado ese ir y venir de las reformas educativas. Entre ellas cabe citar el debate sobre las fórmulas más adecuadas para atender a la diversidad y a los alumnos con especiales dificultades.
La LOGSE, defensora de la comprensividad, puso en marcha un régimen de optatividad muy abierto y programas de diversificación curricular. La experiencia de estos últimos años nos dice que la optatividad no ha sido una buena respuesta, mientras que los programas de diversificación curricular se han demostrado aceptablemente eficaces. No obstante, el problema de los "objetores escolares" y del fracaso escolar sigue sin resolverse adecuadamente. La LOCE introdujo un sistema de itinerarios cuya validez no vamos a poder comprobar. Creo que es preciso imaginar una fórmula que conduzca a todos los alumnos, sin discriminaciones, al título de graduado en secundaria a través de un tronco común de áreas y otras materias orientadas a vías específicas sumamente flexibles. Es decir, una fórmula basada en el respeto a la elección por parte del alumno de su propia vía formativa (por joven que nos parezca) y en la posibilidad de modificarla.
Otra de las cuestiones pendientes se refiere a la presencia de la religión en la escuela. El punto de mayor conflicto estriba en el lugar que debe ocupar en el conjunto de las enseñanzas escolares. Nuestra Constitución consagra la presencia de la religión en la escuela al reconocer el derecho de los padres a demandar la formación religiosa que esté más de acuerdo con sus convicciones. Si esto es así, la religión debe entrar en el sistema escolar, no como un elemento extraño y ajeno al mismo, sino como un área más, impartida con el mismo rigor científico y evaluada con el mismo nivel de exigencia que las demás. Relacionado con este punto está el problema de la alternativa, pues no parece muy conveniente que quienes eligen cursar la religión confesional tengan una asignatura más que sus compañeros, con todos los problemas que esto suscita.
El área de "Sociedad, Cultura y Religión" era una fórmula respetuosa con quienes, desde otras convicciones igualmente respetables, no deseaban que sus hijos se vieran influenciados por ningún tipo de proselitismo religioso. Lo cierto es que el estudio del hecho religioso y su influencia en nuestra cultura, según un programa elaborado por el propio Ministerio de Educación e impartido por profesores designados por el mismo no debería ser sospechoso de proselitista.
La incorporación de 80.000 nuevos alumnos inmigrantes al sistema educativo español, según datos ofrecidos recientemente por la ministra de Educación, pone sobre la mesa el compromiso de todos por la escolarización de los mismos. Los inmigrantes tienen los mismos derechos y obligaciones que los españoles en su proceso educativo. La desventaja social en la que suelen acceder a la escuela debe ser compensada para asegurarles una educación personalizada e integral. No parece conveniente la excesiva concentración de los mismos en algunos centros. Todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar abiertos a la escolarización de los inmigrantes, pero, de la misma forma, todos deben recibir de las administraciones las ayudas necesarias para el buen éxito de su educación. Nuestra institución, FERE-CECA, ha manifestado en reiteradas ocasiones que, a pesar de cubrir globalmente la cota de escolarización de inmigrantes que le corresponde, está abierta aumentar su compromiso con este colectivo. En todo caso, habrá que buscar procedimientos con los que no se conculque la libertad de todos los españoles, también de los inmigrantes, a elegir el centro y el tipo de educación que esté más de acuerdo con sus propias convicciones.
No hace muchos años, Emilio Castelar afirmaba que la tranquilidad de los Estados dependía de la buena educación de la juventud. Nuestra educación no se merece este continuo ir y venir de las reformas. Es hora ya de empujar todos en la misma dirección. ¿Seremos incapaces de encontrar el camino?
Manuel de Castro es secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA)
