Otra vez el ruido de sotanas

Del palacio arzobispal de Sevilla salió el lunes pasado un mensaje que al Gobierno le sonó a bofetón: "El Estado laico no debe ser perseguidor de la religión". El autor de la frase es el cardenal Carlos Amigo, un franciscano nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) en 1934, paciente, experimentado y aperturista. Tachado a veces, entre sus pares eclesiásticos, de demasiado condescendiente con la Junta de Andalucía, socialista desde la fundación autonómica, Amigo es arzobispo desde los 38 años, nombrado en 1973 por Pablo VI.

Entre sus predecesores figura el cardenal Pedro Segura, expulsado de España en 1931 por el Gobierno de la II República y soportado de mala gana por el dictador Francisco Franco pese a que éste había logrado que la jerarquía eclesiástica calificara de Cruzada su sangriento golpe de Estado del 18 de julio de 1936, bendijera la guerra incivil como una contienda de "los hijos de Dios contra los hijos de Caín", y participara activamente, durante 40 años, en el Estado nacionalcatólico y totalitario.

El cardenal Herranz, de la curia vaticana, percibe en España un "laicismo agresivo" y expresa desde Roma su apoyo a la Conferencia Episcopal Española

Rodríguez Zapatero replica a los obispos que no entrará en la polémica y que el Gobierno hará las reformas que los ciudadanos han votado

"Este señor, o es tonto o es santo", dijo del cardenal Segura un ministro desesperado. Segura es el autor de un sermón donde reflexionaba acerca del significado de la palabra caudillo como "capitán de ladrones". El cardenal estaba harto de las exigencias del caudillo Franco ante Roma durante la larga negociación del Concordato de 1953, que finalmente concluyó definiendo a la Iglesia católica como "una sociedad perfecta". Así se reflejó en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de ese año: "En el nombre de la Santísima Trinidad, la Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular este Concordato". Aunque parezca increíble, el texto lo rubricó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La actual jerarquía eclesiástica española (dos cardenales, 13 arzobispos, 51 obispos residenciales y siete prelados auxiliares) no cuenta entre sus filas con ningún cardenal Segura, ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es Manuel Azaña Díaz (18801940), líder del Ejecutivo de la República en 1931. Pero los vientos del conflicto entre los socialistas y el catolicismo oficial ya han llegado hasta Roma, como en la primavera de 1931 de la mano del cardenal Segura.

Esta vez el vocero ha sido un purpurado de la curia (gobierno) del Vaticano, Julián Herranz, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. "Compartimos la seria preocupación de la Conferencia Episcopal Española porque el concepto democrático de laicidad del Estado, que es un concepto justo, se está transformando en España en otro concepto diferente, el de fundamentalismo laicista", dijo el cardenal durante una eucaristía celebrada en la basílica de San Agustín de Roma el pasado domingo por el cardenal Marcelo González Martín, recientemente fallecido.

"Compartimos el temor de que ese laicismo agresivo llegará a tener repercusiones muy negativas en sectores y valores fundamentales de la sociedad", remachó el representante vaticano después de enumerar las preocupaciones que le embargaban, las mismas que desde España reiteran como letanía los prelados de la Conferencia Episcopal: desastrosa educación religiosa de la juventud, destrozo del matrimonio y la familia, cultura hedonista y ruina espiritual del pueblo, secularización que olvida el más allá... "Falsos profetas que hablan de desarrollo personal y social, pero sólo en clave económica y consumista, porque son incapaces de atravesar el mezquino umbral de lo útil y lo efímero para llegar al verdadero crecimiento espiritual de la persona", clamó también el cardenal de la curia.

Falsos profetas

Si Herranz, de 74 años y miembro del Opus Dei, habló en Roma y en domingo de "falsos profetas", el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, de 51 años, calificó al día siguiente en Madrid, entrevistado por TVE, de "moneda falsa" y de "virus" alguno de los proyectos legislativos del Gobierno. Ese mismo día, por la tarde, el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, de 74 años, enumeraba con contundencia, en la emisora de los obispos, COPE, el rosario de reproches, disgustos y desencuentros episcopales frente al poder socialista.

Sebastián, estrecho colaborador, hace 25 años, del reformador cardenal Vicente Enrique y Tarancón -éste lo tenía por uno de sus teólogos preferidos-, calificó de "desmesura" los cambios en la enseñanza de la religión no confesional anunciados ese día por el Ministerio de Educación, manifestó sus dudas sobre la legalidad de tal reforma al afectar a un convenio internacional entre España y el Estado de la Santa Sede -"por tanto, un acuerdo con rango de ley", precisó-, y lamentaba que la Iglesia tuviera que soportar estas nuevas zozobras pese al papel "pacificador y de consenso" que, según él, había ejercido la jerarquía en los agitados años de la transición de la dictadura a la democracia.

Otro peso pesado del episcopado, el arzobispo Antonio Cañizares, primado de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, fue más lejos: las reformas pueden "vulnerar derechos constitucionales de los padres, ya que pretenden adoctrinar a sus hijos desde el Estado, y el Estado aconfesional no puede adoctrinar en un laicismo ni en ninguna ideología concreta". Cañizares se lamentó, además, de que "la Conferencia Episcopal no ha sido consultada ni informada, y se entera sencillamente por los medios de comunicación".

En la misma línea de severa crítica se han ido pronunciando a lo largo de la semana la gran mayoría de los prelados. Entre otros, el de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, habló de reformas "absolutistas"; el de Jerez, Juan del Río, acusó al Gobierno de "tener fobia a la educación religiosa"; y los prelados de Segorbe-Castellón, Juan Antonio Reig, y de Mondoñedo-Ferrol, José Gea, hablaron de reformas que alientan la violencia doméstica y favorecen "la intervención de las mafias" y los matrimonios de conveniencia.

¿Hay motivos para tanto desasosiego episcopal? ¿Tiene el Gobierno lo que algunos obispos llaman "una hoja de ruta" para reforzar el laicismo y la aconfesionalidad del Estado y de la sociedad? El presidente Rodríguez Zapatero negó el martes que vaya a denunciar los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 sobre los que se sustentan los privilegios y las milmillonarias ayudas económicas que España entrega a la Iglesia romana -para pagar sueldos a obispos y a casi 20.000 sacerdotes, salarios de 30.000 profesores de catolicismo y los de varios cientos de capellanes castrenses, penitenciarios y de los hospitales públicos, y para subvencionar los colegios religiosos concertados, además del mantenimiento de un paraíso fiscal casi completo.

Eso no se toca, ha dicho el jefe del Ejecutivo. Pese a que, desde hace años, numerosos dirigentes socialistas vienen reclamando esos cambios, denunciando incluso que los acuerdos con la Santa Sede son inconstitucionales, los socialistas no llevaron ese compromiso en el programa electoral que les aupó al Gobierno en marzo pasado. Pero sí prometieron, en cambio, las reformas que ahora se proponen llevar a cabo con gran disgusto eclesiástico: entre otras, la legalización del matrimonio entre homosexuales, la reforma educativa -paralizando, para empezar, las generosas concesiones que el Gobierno de José María Aznar había hecho en ese terreno a los obispos-, la modificación al alza de las leyes del divorcio y de despenalización del aborto, la investigación con embriones con fines terapéuticos e, incluso, la reforma de la financiación de la Iglesia católica mediante los dineros recaudados por el IRPF, que lleva 20 años de provisionalidad tras el rotundo fracaso del llamado impuesto religioso pactado por los obispos con el Gobierno de Felipe González en 1987.

Rodríguez Zapatero no quiso el martes pasado entrar en polémica con los obispos, pese a las severas críticas recibidas. "Reitero mi profundo respeto a la posición de la Iglesia, aunque sean muy críticos con el Gobierno. Por mi parte no va a haber reciprocidad; habrá respeto a lo que es un país democrático, en el que las leyes las dictan los parlamentarios, representando a los ciudadanos", dijo en una conferencia de prensa en La Moncloa. Pero también lanzó esta advertencia sobre la inevitabilidad de las reformas: "Los ciudadanos han votado un proyecto electoral y lo que el Gobierno llevará al Parlamento es estrictamente el contenido de lo que ha tenido el respaldo en las urnas".

Sorna gallega

Esta resolución reformista del presidente del Ejecutivo era bien conocida por la Conferencia Episcopal desde hace meses. El propio cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, la dio por imparable pocos días después de las elecciones, tras hablar por teléfono con el nuevo presidente del Gobierno "cierto tiempo y en un contexto de amabilidad clara", dijo entonces. Pero, con sorna gallega, el cardenal se mostró escéptico sobre posibles rectificaciones del gobernante, "después de la conversación y aun sabiendo que dentro de dos semanas celebramos la Pascua de la Resurrección de nuestro señor Jesucristo".

Efectivamente, el milagro del parón reformista no se ha producido y los obispos se enfrentan ahora a la presión de un sector de sus fieles, que les exigen una reacción fuerte y a pie de calle contra el Ejecutivo socialista, incluso con manifestaciones callejeras, como ya hicieron frente a los Gobiernos de Felipe González ante la primera ley despenalizadora del aborto y las reformas de la educación que introdujo la LODE en 1984.

Frente a esos radicalismos antigubernamentales se alzan numerosas voces de eclesiásticos relevantes que apelan a la prudencia y al diálogo, conscientes de la debilidad de la propia Iglesia católica y de la galopante pérdida de lo que los obispos llaman "herencia cristiana", que suponían hasta hace poco inamovible. Sólo el 5% de los jóvenes, incluso los que se declaran católicos, sigue la doctrina sexual católica, según el estudio Jóvenes 2000 y religión, de la Fundación Santa María. La jerarquía también se enfrenta a un sector no pequeño del catolicismo -miles de sacerdotes, iglesias de base y cientos de teólogos- que vota a la izquierda o asume que el Gobierno hace bien en no frenar reformas y avances reclamados por la ciudadanía desde hace años.