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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Lisboa-Madrid, etcétera

La vigésima cumbre hispano-portuguesa celebrada ayer en Santiago de Compostela fue la primera para Zapatero y para el nuevo primer ministro luso, Santana Lopes; pero fue sobre todo la primera en la que los presidentes de las cuatro comunidades fronterizas con Portugal -Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía- formaban parte de la delegación española.

La novedad fue inicialmente acogida con alguna reticencia por la parte lusa. No hace mucho, en un debate periodístico, se alertaba en Lisboa sobre el riesgo virtual de que Portugal se convirtiera en la 18 comunidad autónoma de una Iberia federal. Y hace dos años, un manifiesto de intelectuales instaba, en vísperas de una de estas cumbres, a mantener en manos portuguesas "los centros de decisión nacionales", en referencia a las empresas que el Gobierno se disponía a privatizar. Se trata de una susceptibilidad sin correspondencia en España: nunca una desconfianza histórica entre vecinos ha sido tan asimétrica.

La participación de esas cuatro autonomías tiene sentido por el hecho de que las competencias sobre cooperación transfronteriza, así como sobre extinción de incendios y protección civil, temas obvios de interés compartido, están transferidas a las comunidades. Pero en Portugal, cuya Constitución prohíbe los partidos "de índole o ámbito regional" (art.311), no existen entidades políticas equiparables a nuestras comunidades autónomas; y la dimensión territorial se ha cubierto con la presencia del presidente de la Asociación portuguesa de Municipios.

Desde el lado español se trata de un experimento limitado. Los presidentes autonómicos participan sólo en parte de la cumbre. El problema se plantearía en caso de divergencia de intereses entre comunidades; por ejemplo, en relación al trazado de vías de comunicación. El Senado que salga de la proyectada reforma constitucional será el cauce idóneo para conformar la posición española. Entretanto, la presencia en cumbres internacionales bilaterales puede servir de ensayo de participación autonómica en la política nacional.

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