Bodas para todos

Las parejas homosexuales podrán contraer en España matrimonio civil a partir del año próximo y tener los mismos derechos que los heterosexuales, incluido el de adopción, si el Parlamento aprueba el proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno socialista. No deben abrirse los cielos ni resonar los truenos por ello en un país que antaño fue muy conservador. Responde ante todo a una realidad -dos de cada tres españoles aprueban las bodas gays- y al cumplimiento de uno de los puntos del programa electoral de Rodríguez Zapatero. Incluso el propio Partido Popular, que cuando estuvo en el poder calificaba de "folclóricas" las uniones entre homosexuales, ha adoptado una postura más ecléctica y flexible al anunciar su propia iniciativa legislativa para equiparar los derechos de las parejas homosexuales a los matrimonios, excepto en la adopción.

No constituye una sorpresa, y encaja en su propia coherencia, que la Iglesia católica adopte una actitud contraria a lo que Zapatero llama la ampliación de los derechos civiles de los españoles. Para muchos será preocupante que los obispos asuman un papel de agitadores de masas y que apelen al "deber moral" de los diputados católicos de oponerse al proyecto de ley, pero en todo caso les asiste como a todos los ciudadanos el derecho a expresarse o a manifestarse. Ese tono militante, en el que no han faltado calificativos despectivos hacia las uniones de homosexuales, parece, no obstante, haberse atenuado un tanto. Probablemente, debido a las garantías dadas por el propio presidente del Gobierno de que entre sus prioridades no está en estos momentos revisar las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia. Bueno es que haya por ambas partes cordura y se atemperen unas emociones que a nada bueno conducen.

La clave de la reforma está en la modificación del artículo 44 del Código Civil relativo al matrimonio de un hombre y una mujer, y en el que se incluirá a partir de ahora que "la identidad de sexo de ambos contrayentes" no impide una boda civil. La Iglesia católica lo considera bíblica y culturalmente contranatural. Y en esa línea, también el PP. Pueden tener sus razones, pero nada impide al poder civil adecuar un contrato no confesional a una nueva realidad. Ahí está la diferencia entre lo que ofrece el Gobierno y lo que propone el PP: uno habla de matrimonio, el otro de unión civil; uno incluye la adopción, el otro la excluye.

La adopción por parejas gays es objeto de controversia. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas señala que la apoyan menos de la mitad de los españoles; algunos psicólogos la cuestionan. En la tesis del Gobierno prevalece la defensa de la igualdad de derechos civiles; y, en todo caso, el pragmatismo de regularizar algo que un homosexual ya puede hacer individualmente como soltero.