El Poder Judicial pide una prórroga para informar sobre el cambio de nombramientos

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso ayer en la Comisión de Estudios e Informes, por tres votos a dos, la petición al Gobierno de que prorrogue 15 días el plazo para informar la reforma legal que cambia el sistema de nombramientos de los altos cargos judiciales, de modo que se requerirá una mayoría de 13 votos sobre 21. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, interpelado sobre esa reforma por el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró que pretende "reforzar la legitimidad e independencia" de los designados.

Los tres vocales de la Comisión de Estudios e Informes propuestos por el PP -su presidente, Adolfo Prego, José Luis Requero y Javier Laorden- formaron la mayoría que impuso la petición al Gobierno de una prórroga de 15 días para realizar el informe sobre el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Alegaron que el Gobierno no se había justificado la urgencia y que la comisión tiene otros trabajos en ejecución.

Los dos consejeros propuestos por el PSOE -el vicepresidente Fernando Salinas y el vocal Luis Aguiar- recordaron que la urgencia es una decisión política que sólo incumbe al Ejecutivo, atendiendo a criterios de oportunidad, así como que no hay precedente de que Gobiernos del PP o del PSOE hayan justificado los motivos para declarar urgente la tramitación de un anteproyecto de ley.

Aguiar y Salinas señalaron que sólo la complejidad del texto a informar podía justificar la prórroga, mientras que en este caso el anteproyecto es "extraordinariamente breve, pues tan solo tiene 17 líneas". Recordaron también que en el informe realizado en su día al anteproyecto de Ley de Partidos Políticos, a pesar de tratarse de un texto de gran complejidad, "no hubo problema alguno para evacuar el informe con la urgencia requerida por el Gobierno" del PP.

Por la misma mayoría de tres votos a dos, la Comisión acordó que el ponente sea el conservador Javier Laorden, abogado de profesión, frente a la petición de Aguiar, por razones técnicas, dada su condición de catedrático de Derecho Constitucional.

Por otra parte, durante la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ayer en el Congreso la bondad de la reforma. Lo hizo al responder a una pregunta del líder de la oposición, Mariano Rajoy, que le acusó de mentir y de hacer "exactamente lo contrario de lo que dice el programa electoral" socialista.

Rajoy argumentó que en ese programa se comprometía el PSOE a que el Congreso eligiese al presidente de RTVE, al de la agencia Efe y a renunciar al monopolio en el nombramiento de ciertos cargos como las presidencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de Telecomunicaciones.

Nada de eso se ha hecho, aseguró Rajoy y, sin embargo, se ha acometido la reforma de los nombramientos de la cúpula judicial, pese a que ni en el "programa electoral ni en el discurso de investidura" como presidente del Gobierno hubo "propuesta alguna de reforma en relación con el sistema de elección de las vacantes judiciales por el Consejo del Poder Judicial".

"También aquí mintió y ocultó la verdad", le espetó Rajoy, para quien la propuesta de reforma supone romper "las normas del juego que regían desde que existe el CGPJ". Aseguró que se hace ahora "por puros intereses partidistas".

"Todos los grupos" apoyan

Zapatero recordó a Rajoy que "todos los grupos, menos el suyo", apoyan esta reforma y que "una mayoría agravada para la elección de magistrados del Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas es para reforzar la legitimidad y la independencia".

Zapatero respondió también que la modificación del procedimiento de elección de esos altos cargos judiciales "responde a un conjunto de iniciativas para revitalizar la democracia". Le puso como ejemplo otras medidas, entre las que citó la supresión de la llamada Ley de Acompañamiento en los Presupuestos Generales o la ratificación parlamentaria del envío de tropas a Afganistán, acordado por este Gobierno.