Rivas derribará las casas en obras del poblado ilegal de la Cañada Galiana

En la Cañada Real Galiana viven más de 40.000 personas. Es el "mayor poblado de construcciones ilegales de España", según Urbanismo. Viven allí desde hace 40 años en una vía pecuaria protegida de unos 15 kilómetros de longitud entre el distrito de Villa de Vallecas y los municipios de Rivas y Coslada. Son más de 2.000 parcelas ilegales, la mayoría construidas, y cuyo valor se estima en más de 360 millones de euros. Rivas-Vaciamadrid es, de momento, el único municipio que ha ordenado el derribo de algunas de estas casas ilegales. Empezará por las que están en obras.

"Quieren que nos vayamos de aquí", afirma Yolanda González, refiriéndose al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, gobernado por una coalición de IU y PSOE. Yolanda tiene 34 años y hace 15 que vive en la Cañada Real Galiana, una vía pecuaria protegida y propiedad de la Comunidad de Madrid. Como ella, ya son más de 40.000 las personas que habitan en las más de 2.000 parcelas donde se han construido miles de casas bajas de forma ilegal sobre suelo público, las primeras hace ya 40 años. Fueron inmigrantes andaluces y extremeños los primeros en levantar las viviendas.

La gente allí no tiene acceso legal a la luz, ni al teléfono ni al agua, porque las compañías deniegan el servicio por encontrarse en zona no urbanizable. Tampoco las calles están asfaltadas y las casas tienen un pozo negro para las aguas fecales.

Los vecinos tienen, por lo tanto, que conectarse de forma ilegal a estos servicios o comprar un generador, lo que "resulta muy duro", según Yolanda, ya que allí "viven muchos niños". Lo mismo pasa con el correo: "Antes venían", dice Ester, otra vecina de 26 años, "pero hace tiempo que ya no lo hacen. Los únicos que nos traen los certificados es la Guardia Civil".

Esta realidad tiene 15 kilómetros de longitud, entre Valdemingómez (en el distrito Villa de Vallecas) hasta Coslada, pasando por Rivas. Allí hay de todo: miles de casas bajas, pero también alguna que otra empresa y chalé que, según el concejal de Política Territorial y Seguridad Ciudadana de Rivas, Alfredo Pelegrín (IU), aprovechan "la falta de legalidad para no pagar impuestos".

Normalizar la situación

A la mayoría de los vecinos de la cañada a su paso por Rivas, sin embargo, no le importaría pagarlos si así consiguen "normalizar la situación", afirman. "Lo que pasa es que no nos dejan", asegura Yolanda.

Aunque la mayoría están empadronados (imprescindible para acceder al servicio de salud y a la escuela), Rivas no puede "cobrar a la gente por vivir en una zona no urbanizable sin alcantarillado y otros servicios", afirma Pelegrín, aunque el municipio sí se encarga de recoger la basura. Esto cambia a sólo tres metros, cruzando la cañada: una parte pertenece a Rivas y la otra al distrito de Vicálvaro, donde sí pagan la contribución, aunque sin recibir nada a cambio. "Pero al menos no nos amenazan con echarnos", replica Yolanda.

Rivas es, hasta el momento, el único de los municipios por los que pasa la cañada que ha ordenado el derribo de 13 edificaciones ilegales. Esta orden se limita a aquellas casas que estén deshabitadas y en construcción, para "evitar el crecimiento del asentamiento ilegal sin tener que echar a nadie a la calle". A Pelegrín no le "consta" que en las edificaciones afectadas por el expediente de derribo viva alguien. Sin embargo, Ayad, un marroquí de 41 años, y su familia, que incluye seis niños, vive en una de esas "casas en obras y deshabitadas".

Como la mayoría de sus vecinos, Ayad se está construyendo su vivienda él mismo, poco a poco, sobre una parcela que un vecino suyo le cedió por más de 140.000 euros. La palabra vender es tabú en esta zona donde la propiedad pública pasa de mano en mano, según la ley de la oferta y la demanda, al margen de cualquier otro tipo de legalidad. Así, el precio por metro cuadrado puede alcanzar los 60 euros, mucho menos que los 360 que puede costar en Rivas. Es mucho más barato vivir allí, pero, aun así, el valor total de las edificaciones construidas sobre la Cañada Real Galiana se estima que ascienda a unos 360 millones de euros, según el resultado de una tasación realizada hace dos años.

"No es viable ni es voluntad del Ayuntamiento indemnizar a estas personas", según Pelegrín. No obstante, según el concejal, Rivas-Vaciamadrid busca una solución de carácter "social" al problema, pero sin obviar sus implicaciones jurídicas: "La compra-venta de terreno público podría constituir un delito de estafa, y esto es competencia de la justicia". Al margen de las consecuencias políticas o económicas para las administraciones, Ayad vendió la vivienda que tenía en Marruecos. "Por lo que, si nos echan de mi casa no sabremos adónde ir", asegura. Sus vecinos tienen la misma preocupación: "La mayoría somos currantes, tenemos poco dinero y sólo aquí hemos podido construir una casa", afirman.

Estos vecinos no niegan que sus viviendas son ilegales. "Pero eso no quita que no nos dejen vivir como a personas", insiste Yolanda.

"Queremos colaborar, pero para eso nos tienen que ofrecer una solución. Sin embargo, para ellos no existimos", dice, "aunque estemos empadronados". Por ello que rechazan que vivan en un poblado fantasma.