La oposición de Tarragona, en bloque contra Terres Cavades

La polémica de Terres Cavades ha logrado unir a la oposición municipal de Tarragona (PSC, ERC e ICV-LP), que ayer exigió al alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU), que emprenda el camino legal para anular el proyecto actual. "Nadal dijo que haría caso de lo que dijera la Generalitat", recordó ayer la concejal republicana Rosa Rossell, tras advertir de que el Departamento de Gobernación ha tachado de ilegal la tramitación de Terres Cavades y "abre las puertas a una revisión total". "La única salida posible es retomar el proyecto desde el inicio y abrir un consenso entre políticos y los vecinos", añadió el portavoz socialista, Josep Fèlix Ballesteros.

Mientras, y como ya ha ocurrido en anteriores momentos críticos de esta polémica, el alcalde se encuentra de viaje, en la ciudad sarda de El Alguer, hermanada con Tarragona. Las tres fuerzas de la oposición coincidieron en reclamar la cabeza de Nadal si no convoca próximamente una sesión plenaria para aprobar la nulidad de los acuerdos tomados con respecto a Terres Cavades, en un proceso que luego pasaría a los tribunales.

A la vista del informe de Gobernación -elaborado a instancias de ERC-, los republicanos sacaron pecho ayer y fueron muy duros con Nadal.

De hecho, la Generalitat les ha dado la razón al señalar que el concejal de Urbanismo dimisionario, Àngel Fernández, no debería haber votado porque un hermano suyo participa económicamente en el proyecto. Aparte, el propio concejal también participa en la sociedad promotora, a través de una empresa creada junto a su hermano, de la que tiene el 50% del accionariado."Nadal ha defendido los intereses de los empresarios inmobiliarios de Tarragona", dijo el portavoz republicano, Xavier Almagro. "Tarragona no puede convertirse en la ciudad del pelotazo", añadió. "Mi alcalde ha perdido los papeles", espetó. Algunas de estas frases también las suscriben en privado miembros del equipo de gobierno municipal.

El portavoz del Partido Popular, Francesc Ricomà, pidió ayer que la justicia aclare si el proceso que ha seguido Terres Cavades ha sido legal o no, y recordó que un informe de los servicios jurídicos municipales consideró que la participación de Fernández en las votaciones fue la correcta. Sin embargo, el PSC ha pedido que se elabore de nuevo, puesto que terminó de redactarse antes de que trascendiera que el concejal tenía intereses particulares.

Fuentes municipales prevén que el Departamento de Política Territorial presente en breve su informe, que será decisivo porque puede obligar al consistorio a recomenzar todo el proceso. "Es el momento de revisarlo todo y acordar un nuevo proyecto con los vecinos", señaló Rossell, quien recordó que el plan actual "obliga" a los residentes de Terres Cavades a vender su vivienda o participar económicamente en la urbanización de la zona.