Acosados por la polución
Los vecinos del Campo de Gibraltar mantienen movilizaciones por los continuos episodios de contaminación
Los habitantes del Campo de Gibraltar no aguantan más. Los episodios de contaminación, principalmente atmosférica, registrados a lo largo de los últimos meses en factorías del polígono industrial de la Bahía de Algeciras han provocado una inédita rebelión contra la contaminación.
Cortes de carretera, concentraciones, encierros y protestas de toda índole han puesto de manifiesto el malestar de los vecinos. A principios de este mes, José Antonio Ledesma, concejal de Unidad por San Roque en el Ayuntamiento de este municipio, amenazó con el progresivo desmantelamiento de las industrias del municipio. Ledesma se convertirá en sólo unos meses en alcalde del municipio, gracias al pacto de gobierno compartido al que su formación llegó con el PSOE, tras las pasadas elecciones municipales.
El próximo día 10 de octubre, los ecologistas de la zona, apoyados por los vecinos de las zonas más afectadas por la polución (Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque), secundarán una manifestación contra la contaminación. "Todos estamos inmersos en este problema, aunque en los últimos meses les haya tocado a los sanroqueños", afirmó el portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz.
La movilización social contra la contaminación en el Campo de Gibraltar se inició el pasado mes de julio, cuando los vecinos de Guadarranque decidieron plantarse ante las puertas de la refinería de Cepsa para mostrar su malestar por unos fuertes olores a dióxido de azufre que llegaron a provocar entre los vecinos, vómitos, irritaciones y problemas de respiración. La respuesta de la empresa fue inmediata. Tras una reunión con los afectados, decidió montar unos equipos de medición para intentar conocer la procedencia de los mencionados olores.
A pesar de que se intenta poner freno a esta situación, son muchos los vecinos que no creen en el ofrecimiento de la petrolera y por ello, el pasado miércoles 22 de septiembre, se echaron a la calle e intentaron cortar el tráfico en la carretera entre Campamento y La Línea de la Concepción, pero la masiva presencia de la Guardia Civil impidió la protesta.
Otros muchos ciudadanos se han visto afectados por las emisiones de polvo y cemento procedentes del llamado polígono de La Pólvora. Se trata de unas 300 familias que, a diario, ven sus casas, situadas en la barriada de Vistalegre, en San Roque, cubiertas de un polvo blanquecino que inunda ventanas, coches y calles de la zona. Las protestas de los afectados fueron apoyadas por el Ayuntamiento de San Roque, que a través del concejal de Medio Ambiente, Miguel Núñez, amenazó incluso con retirar las licencias de apertura de las cementeras si no cumplen con las normativas medioambientales. "Técnicos de la consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento emitirán un informe tras la visita a las instalaciones, para que estas empresas corrijan las irregularidades que pudiesen existir; de no ser así, se tomarán las medidas anunciadas", esgrimió el concejal socialista.
Son los capítulos más recientes de un problema que dura años en esta comarca gaditana.
Los distintos casos de contaminación han provocado en sólo contadas ocasiones la reacción de las administraciones. Así, la Capitanía Marítima del puerto de Algeciras llegó a sancionar en 2003 a tres petroleros por un vertido contaminante en la bahía algecireña. No obstante, el Ayuntamiento de Algeciras y los colectivos ecologistas reclamando una mayor vigilancia de las costas, además de la imposición de fuertes sanciones al respecto.
Las miradas sobre estas quejas también se centran en Gibraltar, cuyas autoridades permiten la realización de trasvases de combustible, a pesar de la prohibición impuesta por las normativas medioambientales europeas.
Asimismo se abrieron expedientes contra una de las empresas cementeras de Guadarranque, en San Roque, por verter supuestamente a la red general, lo que, según la Junta de Andalucía, causaba atascos en la red de la localidad. Y contra la refinería Gibraltar, por un supuesto vertido de dióxido de azufre producido por el apagón de una de sus unidades a causa de un corte del suministro eléctrico. Ante esta situación, los ayuntamientos, ecologistas y otros colectivos reclaman soluciones.
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