Gobernación juzga ilegales los trámites del proyecto de Terres Cavades

La mayor reforma urbanística proyectada nunca en Tarragona es ilegal. Así se desprende de un informe no vinculante del Departamento de Gobernación, que considera ilegítimos los votos del concejal dimisionario de Urbanismo Àngel Fernández (CiU) en los plenos municipales que dieron luz verde al proyecto de urbanización de Terres Cavades. La Generalitat, según fuentes de ERC, aconseja al Ayuntamiento que repita todo el proceso iniciado en 2002, lo que supondría un revés definitivo a un proyecto que tiene otro frente legal abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ahora la pelota está sobre el tejado del Departamento de Política Territorial, que también debe emitir un informe sobre Terres Cavades que será vinculante.

El voto de Fernández, que también tiene intereses económicos particulares en Terres Cavades, fue decisivo en las tres ocasiones en que el plenario aprobó los trámites de este expediente. Un hermano suyo, Juan Fernández, es el administrador de la empresa Inversiones Tarma, una de las sociedades que instaron en el año 2000 al Ayuntamiento de Tarragona a urbanizar la zona de Terres Cavades. Gobernación se acoge a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para asegurar que el concejal debería haberse abstenido durante el proceso, atendiendo -además de a los intereses particulares- a un apartado de esta norma que señala que no pueden participar en las votaciones los concejales que mantengan un grado de consaguinidad de hasta cuarto grado con el administrador de una empresa interesada en el expediente.

El dictamen de Gobernación no es vinculante, pero añade dudas sobre la mayor polémica municipal generada en los últimos años en Tarragona. Ahora la Generalitat dispone de un arma jurídica para que la Dirección de Administración Local pueda requerir al consistorio que declare nulos los acuerdos del plenario, según fuentes del Departamento de Gobernación.

El informe de la Administración catalana contradice el de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que bendijo la actuación de Fernández atendiendo al "interés general" del proyecto. Este informe se presentó antes de trascender que el concejal dimisionario, durante 15 años uno de los hombres de confianza del alcalde, Joan Miquel Nadal, tenía intereses particulares en Terres Cavades además de los de su hermano, que ya se conocían y fueron los que precipitaron el escándalo.

El dictamen de Gobernación desató ayer la euforia en el grupo municipal de Esquerra Republicana, que fue el que instó a la Generalitat a pronunciarse sobre el caso. Las conclusiones de Gobernación, departamento controlado por ERC, vienen a reforzar las mismas tesis de los republicanos, opuestos al proyecto.

En el consistorio tarraconense, el caso Àngel Fernández ya ha tenido más consecuencias que la dimisión del titular de Urbanismo. Otro concejal de CiU, Raül Font, ha anunciado que no participará en próximas votaciones porque también tiene intereses en Terres Cavades.