Amplio respaldo a las medidas del Gobierno

Las primeras medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista, o anunciadas como próximas parecen contar con un respaldo social muy amplio. Agilizar el procedimiento para que el divorcio pueda consumarse sin el trámite previo de la separación es algo que aprueba el 71,7% de los ciudadanos y sólo el 18,22% afirma estar en desacuerdo. Ese porcentaje sube hasta el 32,6% entre quienes se declaran votantes del PP que, sin embargo, aprueban la medida por un 58,3%.

La reforma del Código Civil para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo la aprueba un 61,6% de los españoles, frente a un 31,5% que se opone. Entre los votantes del PP, son mayoría quienes rechazan esta reforma (53,%), aunque un alto porcentaje de los mismos (39,2%) la aprueban. Entre los votantes de Izquierda Unida, la medida logra un apoyo casi unánime (90,3%).

Casi el 40% de votantes del PP está de acuerdo con el matrimonio entre personas de igual sexo

También son mayoría los ciudadanos que piensan que la ley para combatir la violencia doméstica será útil (45,2%) o incluso muy útil (7,6%). Quienes opinan que todo seguirá igual en este terreno o que la norma será poco útil se reparten con un 12% en cada grupo.

La postura en favor de la regularización de los inmigrantes que puedan demostrar que tienen un contrato de trabajo también consigue un alto respaldo (70,4%) del conjunto de los ciudadanos.

En este asunto también hay claras diferencias en función de las simpatías políticas de los encuestados. Mientras los votantes de PSOE e IU empatan con un 80% al aprobar la medida, los que se declaran votantes del PP la respaldan, pero el porcentaje de apoyo desciende al 57,3% y el de rechazo sube hasta el 30,9%.

Sólo una medida supera, en cuanto rechazo social, a la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo: haber paralizado que la enseñanza de religión puntúe a la hora de medir el rendimiento académico, como el resto de las asignaturas. Un 59,3% de los ciudadanos aprueba la medida, pero sube hasta 33,8 el porcentaje de quienes se muestran en desacuerdo.

En este apartado, los votantes del PP son los más beligerantes contra la decisión, aunque no de manera abrumadora: la rechaza un 55,9% y se muestra de acuerdo un 35,4%.

Lo que los ciudadanos perciben con claridad es el cambio de Gobierno. Sólo el 21,5% dice que hay pocas diferencias entre el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero y el que dirigía José María Aznar. Un 28,9% encuentra "muchas" diferencias y un 37,7%, "bastantes".

A la hora de rastrear esas diferencias se sugirieron a los entrevistados una serie de cuestiones relacionadas con el comportamiento político y con problemas concretos de los ciudadanos.

La impresión predominante es que mejora la capacidad de diálogo (63%), el respeto a las libertades (51,9%), la tolerancia (50,2%), las relaciones con las comunidades autónomas (51,6%) y la solvencia política; aunque la suma de los que piensan que todo seguirá igual (27,4 %) o peor (19,8) supera a quienes creen que mejorará (33%).

La economía y el empleo parecen ser los puntos flacos del Gobierno, según la percepción de los ciudadanos. Respecto al empleo, el 31,8% asegura que todo seguirá igual y un 27,1% que empeorará; por lo que ambos grupos se imponen claramente al 26,6% que confía en una mejoría del mercado laboral.

La percepción sobre la marcha de la economía también empeora ligeramente. El porcentaje de optimistas que apuesta por una mejoría es del 24%. Predominan los que creen que todo seguirá igual, pero sólo ganan por una décima (32,1%) a los que piensan que las cosas irán a peor (32%).

Del conjunto de la acción del Ejecutivo de Zapatero los ciudadanos piensan mayoritariamente que está condicionada por el Gobierno tripartito de Cataluña, formado por el PSC-PSOE, Izquierda Verde y ERC.

Un 20,8% de los ciudadanos piensa que ese condicionamiento es "mucho"; un 31,7% se decanta por el "bastante". Sólo un 20,6% piensa que el Gobierno autónomo catalán condiciona "poco" la acción gubernamental y un 12% que no la condiciona.

Se ha preguntado en la encuesta por las responsabilidades tras el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles. El 56,4% piensa que no basta con el relevo de la cúpula militar y que el ministro de Defensa cuando ocurrió el accidente, Federico Trillo, debe abandonar cualquier cargo político. Entre los votantes del PP, se imponen por poco margen los que piensan que no debe dejar su escaño de diputado (37,5%) sobre los que apoyan que lo haga (32,6%).