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Andalucía, siempre a la vanguardia

El autor asegura que la única limitación que se imponen los socialistas a la hora de afrontar el debate de la reforma es la Constitución española

El tiempo coloca a todos en su sitio. Hace más de tres años, el presidente de la Junta fue el primero en poner sobre la mesa la reforma del Estatuto de Autonomía de 1981 para adaptarlo a la nueva realidad política, social y económica de Andalucía. Los socialistas andaluces tomábamos la iniciativa en un asunto que hoy constituye el eje del debate político andaluz y nacional, mientras que otras fuerzas políticas, especialmente el Partido Popular, no quisieron subirse inicialmente a esta nueva locomotora del cambio. La sociedad andaluza optó por tener voz propia y veintitrés años después nadie nos va a callar.

La postura de la derecha andaluza recordaba a otros tiempos, a su negativa a que la comunidad obtuviera su autonomía plena por la vía del artículo 151 de la Constitución, al igual que Cataluña, País Vasco y Galicia. Se percibía cierta añoranza de Javier Arenas y la dirección del PP a aquel eslogan maldito de Andaluz, éste no es tu referéndum con el que la derecha se desmarcó del sentir de un pueblo. El PP cometió entonces un error histórico que todavía está pagando y ahora ha estado a punto de reincidir. Su rectificación es buena para la democracia. La adecuación del Estatuto de Carmona precisa la participación y el consenso de todos.

Es compatible el aumento de las cotas de autogobierno con la solidaridad
Andalucía tiene que estar en los foros de la UE donde se juegue el futuro de nuestra tierra
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Nuestra propuesta de reforma no era ni marketing electoral ni fuegos de artificio. Todo lo contrario. Constituye una iniciativa responsable, rigurosa y sin complejos. Aquellos agoreros que hablaban de una quimera han comprobado que la reforma ya no tiene marcha atrás. Es más, ya existe el compromiso de tener un primer borrador del texto en el primer semestre de 2005.

¿Por qué apostamos con firmeza por la reforma? La Andalucía de hoy no tiene nada que ver con la que heredamos después de siglos de abandono. El trabajo colectivo del pueblo andaluz ha permitido que esta tierra haya vivido su periodo de transformación más importante. Todo esto unido a un panorama mundial marcado por cambios vertiginosos y de gran profundidad como consecuencia de la revolución tecnológica impulsada por la sociedad de la información, la globalización, un nuevo orden internacional o los movimientos migratorios hacía necesario una renovación de aquellos fragmentos del texto que habían quedado obsoletos. A nuevos tiempos, nuevas recetas que nos ayuden a desplegar todas nuestras potencialidades. En esa línea, el Estatuto debe adaptarse a esta nueva realidad para que continúe siendo el instrumento jurídico que ha posibilitado la convivencia pacífica y el despegue de esta tierra, pero además nos permita hacer frente a nuevos retos y nuevos derechos sociales.

No hemos entendido la reforma del Estatuto de Carmona como un fin en sí mismo, sino una respuesta necesaria basada en criterios de utilidad para la ciudadanía y un nuevo horizonte de cambio para Andalucía. Por este motivo, esta iniciativa de indudable calado político quedó condicionada al proyecto de la Segunda Modernización. Lo importante era definir qué Andalucía queríamos para los próximos años y a partir de ahí acometer, si era necesario, la relectura de la carta magna andaluza. Los buenos edificios requieren buenos cimientos. La Segunda Modernización de Andalucía ya está en marcha y el objetivo es conseguir que en los próximos veinte años esta tierra alcance los niveles de desarrollo, bienestar y solidaridad de las regiones más avanzadas de nuestro entorno.

El proyecto para afrontar el futuro con esperanza y garantía ya se ha concretado. La reforma por la que se apuesta es para que Andalucía siga siendo siempre de primera. Se trata de elaborar un nuevo documento que será de gran utilidad para situar a Andalucía en el lugar que le corresponde. En el proceso que ahora se abre, los socialistas andaluces no vamos a estar mirando a los demás, ni preocupados por lo que cada uno vaya a hacer con su Estatuto; nuestra postura es de respeto hacia la posición que adopten otras comunidades autónomas; eso sí siempre que no representen ningún tipo de privilegio ni desigualdad. Los andaluces estableceremos nuestra propia estrategia, que pasa por la defensa de los intereses generales de nuestra tierra y no por una competición pueril con otros territorios. Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos, que no son otros que la libertad, la igualdad, la paz y la seguridad para todos.

Nuestra propuesta de reforma sólo tiene un límite: la Constitución. A partir de ahí, los cambios que se establezcan llegarán donde tengan que llegar, actuaremos con responsabilidad pero sin complejos. Nadie puede dar lecciones de solidaridad al PSOE de Andalucía. La cohesión territorial propugnada por el texto constitucional ha de erigirse en el hilo conductor de nuestras actuaciones. Ése ha sido siempre, y seguirá siendo, nuestro modelo y norma de conducta.

El nuevo texto, sin embargo, ha de reforzar nuestro autogobierno, el papel de nuestras instituciones y nuestras señas de identidad. El pueblo andaluz es consciente de que la autonomía le ha servido para superar su sino histórico y salir del subdesarrollo gracias, en gran medida, al ejercicio colectivo de un derecho fundamental a decidir sobre su futuro ganado a pulso el 28-F. Ahora, como hace más de dos décadas, nos encontramos en la vanguardia de este proceso de descentralización y de consolidación de la España plural que está impulsando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por ello, no podemos renunciar a jugar un papel central en el debate territorial que se está produciendo en nuestro país. No queremos ni más ni menos que lo que nos corresponde. Andalucía está en condiciones de demostrar a través de su reforma estatutaria que es compatible el aumento de las cotas de autogobierno con la solidaridad interterritorial. Nuestra reforma se regirá por los principios de cooperación y lealtad institucional, pilares imprescindibles para el funcionamiento armónico del Estado de las Autonomías. Por tanto, el proceso que está abierto ha de servir de ejemplo a seguir en España. En este apartado, reclamamos, entre otras cuestiones, que sea escuchada nuestra voz en todas aquellas decisiones que adopten instituciones españolas y europeas que nos afecten. Una demanda que se tiene que concretar en la presencia de Andalucía en aquellos foros de la Unión Europea donde se juegue el futuro de nuestra tierra, la conversión del Senado en Cámara territorial o la Conferencia de Presidentes autonómicos. Otra de nuestras prioridades es la calidad de nuestra democracia.

Pero nuestro planteamiento no se queda en cuestiones meramente políticas, es mucho más ambicioso. El centro de nuestro interés es la ciudadanía. Nuestro reto es conseguir que el nuevo texto sea tan útil para los andaluces como ha sido el aún vigente. Es una oportunidad de oro para dar un nuevo impulso al bienestar social a través del reconocimiento de nuevos derechos sociales. La igualdad de derechos para hombres y mujeres, la atención a los mayores y personas con discapacidad o en situación de dependencia, el acceso a las nuevas tecnologías, la participación ciudadana y la excelencia de los servicios públicos son aspiraciones que han de inspirar la relectura del Estatuto que ahora iniciamos en el Parlamento.

El pleno empleo y la calidad en el trabajo constituyen un estímulo para este periodo constituyente autonómico. Dentro de economía social de mercado, promoveremos las condiciones para la modernización y desarrollo del tejido económico productivo, el fomento de la capacidad emprendedora, la seguridad laboral y el acceso definitivo de la mujer al mercado de trabajo.

Llegamos a este punto con el aval y la confianza depositada por el electorado en las elecciones del 14 de marzo. Los andaluces están tranquilos y confían en el PSOE para todo este proceso, porque saben que los socialistas no vamos a defraudarlos y porque saben que este partido defiende los intereses de Andalucía.

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