Derecho a una educación limpia

Los libros de texto pasarán página mañana en los colegios de Basauri. Tras casi una semana de huelga escolar organizada por las seis asociaciones de Madres y Padres (Ampas), cada niño ocupará de nuevo su pupitre. En las aulas faltará, sin embargo, la normalidad perdida desde que el 13 de enero comenzó el paro de las empleadas de FCC, adjudicataria hasta el próximo 16 de diciembre del servicio de limpieza de edificios públicos.

A menos de tres meses de que venza el contrato, la Junta de Portavoces del consistorio acordó el viernes iniciar los trámites para convocar una oferta pública de empleo y municipalizar estos trabajos. La decisión podría dejar en la calle a buena parte de las 61 trabajadoras. El sindicato ELA que, junto a ESK apoya el paro en demanda de la equiparación salarial con los funcionarios, ha anunciado que el conflicto no finalizará, aunque las plazas sean cubiertas por personal fijo.

"Los baños los limpian cada tres días, cuando los usan a diario unos cien niños"

Aprobar la oposición requiere un lento proceso administrativo que puede durar meses. "Por lo menos, significaría seguir con servicios mínimos hasta diciembre y luego habría que ver cuándo se normaliza el servicio", destaca Julio Villacieros, portavoz de las Ampas. La convocatoria de huelga escolar emprendida la pasada semana en seis de los siete colegios públicos (el séptimo carece de agrupación de padres) fue secundada cada día por casi la mitad de los 1.377 escolares.

El seguimiento evidencia el mal sueño que en la comunidad educativa ha supuesto la escasez de limpieza. A falta de un estudio oficial, las Ampas elaboraron su propia encuesta: 2.931 horas lectivas perdidas por los alumnos aquejados de enfermedades derivadas de la falta de higiene. Los servicios mínimos impuestos por Empleo han sido insuficientes. "Los informes periódicos de Sanidad indican que la situación de los centros es aceptable. Pero al parecer lo es sólo para los escolares que no sufren problemas respiratorios o alergias", se queja Villacieros.

Algunas familias se han propuesto iniciar un contencioso contra el Ayuntamiento y el Gobierno. Reclaman que sea un juez quien garantice la limpieza, visto que las instituciones la descuidan. Roberto Galdós, padre de dos niños de tres y seis años, encabeza esta iniciativa. "El mayor tiene alergia al polvo y, siempre que le mandábamos a clase, enfermaba. Así que optamos por dejarle en casa casi tres meses. Hubo padres que prefirieron doblarles la medicación, nosotros no", dice.

El polvo no sólo ha causado dificultades respiratorias. Damari, de 24 años, cuenta que su hijo, de tres, sufrió el pasado curso continuos problemas de conjuntivitis. Otra madre confiesa que se planteó este curso inscribir a su hijo en un colegio concertado tras perder el último trimestre de clase. "El niño tenía desde tos hasta gastroenteritis. Son niños de cuatro años, que lo tocan todo. Los baños los limpian cada tres días, cuando son usados a diario por unos cien niños", relata.

La amenaza de las familias de dejar a sus hijos en casa hizo reaccionar al Gobierno. El pasado lunes, planteó a las partes mediar en una negociación que, de no cerrarse con acuerdo, finalizaría en arbitraje voluntario. La negativa de FCC a aceptar esta intervención disipó el jueves cualquier esperanza de pronta resolución.

Las huelguistas, mujeres con una media de 45 años, están convencidas de que si el conflicto se ha prolongado tanto es porque las instalaciones son limpiadas de forma ilegal. "Es normal que haya polvo, pero si te fijas en las papeleras de las casas de cultura, que vaciamos cada día, no están llenas a rebosar, lo que quiere decir que se limpian. De lo contrario, sería imposible mantener una huelga de limpieza tanto tiempo", observa Olga Gutiérrez, una de las empleadas. Con sueldos de 637 euros al mes en jornadas completas (reclaman 900 euros), ven con resignación la posibilidad de perder sus puestos. "La decisión es del Ayuntamiento. Siempre hemos estado dispuestas a negociar y ahora no vamos a agachar las orejas", proclama Teresa Medina, del comité de huelga.

El consistorio reprocha a las huelguistas su negativa a negociar. "Ha pasado mucho tiempo y necesitamos una solución, en nombre de todo un pueblo que paga las consecuencias de la huelga", concreta el peneuvista Jasone Valle, teniente de alcalde.