El Gobierno vasco arremete contra Interior por no querer transferir las prisiones

La declaración realizada el miércoles en el Congreso por la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de que el Gobierno central no tiene intención de transferir en esta legislatura al Ejecutivo vasco la competencia sobre prisiones fue considerada ayer como un "ataque impune" contra el autogobierno por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, de Eusko Alkartasuna.

El PNV también salió al paso de las declaraciones de Gallizo por medio de una nota de prensa en la que exigió una "inmediata mejora" de la situación de las tres cárceles vascas, que la propia Gallizo calificó como desastrosa en la visita que giró hace tres meses a Euskadi. La dirección peneuvista reclamó también expresamente la transferencia de la competencia sobre las cárceles, para dar "cumplimiento" al Estatuto de Gernika "fuera de toda coyuntura política".

No es que la declaración formal de Gallizo en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso sobre la falta de voluntad del Gobierno de traspasar las prisiones a las autoridades vascas haya pillado por sorpresa a los nacionalistas.

Durante la visita que la directora de Instituciones Penitenciarias cursó a Euskadi en junio, Azkarraga ya le pidió en persona esa competencia y Gallizo le contestó que podían comenzar a negociar ya sobre el traspaso del personal sanitario y educativo de las tres cárceles vascas. El consejero de Justicia contestó entonces que no aceptaba una competencia mutilada, aunque ofreció colaboración y diálogo.

Dispersión y reinserción

Ambas administraciones han mantenido conversaciones para estudiar la viabilidad de la transferencia, pero Azkarraga asegura que la razón aducida por el Ejecutivo central para negarse a ella es de "inoportunidad política". Lo que Gallizo dijo en el Congreso es que este asunto no figura "en el calendario" del Gobierno para esta legislatura.

El PNV respondió también a la decisión del Gobierno, reiterada por Gallizo en su comparecencia, de no modificar la política de dispersión de los presos de ETA. La dirección peneuvista pidió una política penitenciaria que defienda los derechos de las personas privadas de libertad, que ofrezca a los reclusos un "trato digno" y que propicie una "política de reinserción, evitando el alejamiento de los presos de su entorno familiar". En igual sentido se pronunció ayer también la directora de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, aunque precisó que también le gustaría que el entorno político de los presos reconozca que éstos "han hecho mal, porque eso ayudaría mucho".

[ERC ha solicitado el traslado a cárceles de Cataluña de los 17 presos catalanes actualmente encarcelados por delitos de terrorismo fuera de esa comunidad].