¿Privados o públicos?

Allí donde podamos y como podamos hemos de defender nuestra vida privada, nuestra privaticidad, que dicen algunos finolis. Ardua tarea e incluso misión imposible para las gentes de pan llevar desde que casi todo el mundo vive en colmenas y los tabiques están construidos con papel de hostia. Tanto más sabiendo que decenas de organismos oficiales, agencias más o menos turbias y entes de rara naturaleza, sin excluir iglesias y universidades, se dedican a escucharnos y filiarnos con ni se sabe qué propósitos. A lo mejor, sin otro fin que el de convertirnos en destinatarios de envíos publicitarios una vez espiados nuestras querencias y debilidades. En fin que, aun con la batalla perdida, hay que resistirse a que nos conviertan en una ficha, acaso una mera pulsación en el ordenador al alcance de cualquier individuo interesado en escudriñar nuestra vida y pecados.

Una llamada Ley Orgánica de Protección de Datos junto a una agencia especializada en ello nos amparan contra el allanamiento de nuestro marco privado. Debo suponer que algo hemos salido ganando, aunque sigamos siendo torpedeados por el implacable buzoneo. Que recuerde, alguna carta recibí instando la venia para utilizar mis datos personales más elementales, como nombre y dirección. Pero no parece que haya mucho margen para el optimismo a la vista del tráfico de listados y ficheros, por no hablar de los fallos que se denuncian en la custodia de expedientes e historias personales.

Viene esto a cuento de un expediente sancionador contra el sindicato de CCOO de la Diputación de Valencia por publicar en su página web datos sobre trabajadores de la corporación. Al parecer, el citado sindicato ha infringido dos artículos de la referida ley y ha cometido presuntamente un delito grave, o así se califica la divulgación de ciertas características del puesto de trabajo, su titular, forma de provisión, funciones, emolumentos y otras informaciones similares. Sanciónese, si así procede, pero no sin manifestar nuestra extrañeza en este caso concreto y aún lamentando que el correctivo se ejecute, pues a nuestro entender la publicación de estos datos relativos a los trabajadores de la función pública constituye la mejor profilaxis contra su corrupción: el dolce far niente, el amiguismo, clientelismo, sueldos de fábula o miserables etcétera.

Por otra parte, ¿acaso habría que considerar privados unos datos que previamente han debido de aparecer a la luz pública y que, a mayor abundamiento, han o habrían de estar disponibles a la atención de los administrados? Nos estamos refiriendo a anotaciones exclusivamente vinculadas al puesto de trabajo en una corporación financiada por los contribuyentes y -teóricamente- fiscalizada por sus representantes políticos y sindicales. Nada, pues, habría de ocultarse por mor de la transparencia y la mejor aplicación de la democracia.

Pero no es eso lo que opina la Federación de Servicios Públicos de UGT, a cuya instancia se ha instruido el expediente sancionador. Algo que me confundió porque pensé que esta facción sindical también combatía por una Administración pública transparente como un vaso de agua clara. Nada más claro e higiénico que tender al sol el perfil laboral de los funcionarios. Incluso habrían de ser estos los primeros interesados en sacudirse la fama y maledicencia que secularmente han criado.