La Generalitat aligerará los trámites de adopción de menores desamparados

El limbo en que se encuentran muchos niños que han tenido que ser apartados de su familia biológica y están pendientes de adopción tiene fecha de caducidad. El Departamento de Bienestar y Familia pretende aligerar los trámites para que estos niños sean adoptados y ahora estudia cómo garantizar los derechos de sus nuevas familias sin dar la espalda a los padres biológicos. La reforma de la ley estará sobre la mesa antes de dos años.

La ley de 1991 de protección de menores desamparados y de adopción será objeto de profundas modificaciones para fijar claramente los plazos en los que la familia biológica puede reclamar la tutela efectiva del menor cuando éste ya esté inmerso en un proceso de preadopción. Según la consejera Anna Simó, "actualmente no hay ningún plazo máximo para que la familia biológica pueda reclamar y esto alarga muchísimo estos procesos, algo que acaba afectando negativamente al niño".

El objetivo de la nueva ley es quitar parte de la carga "biologista" al texto actual, que a juicio de los expertos garantiza por encima de todo los derechos de la familia biológica y es poco apropiada para hacer frente a las verdaderas necesidades del menor y de su familia adoptiva. "Hemos visto algunos casos en que la familia biológica se desentiende del menor hasta que se enteran que éste ha comenzado un proceso adoptivo con otra familia", explicó Simó. La nueva ley es un "objetivo de esta legislatura", aunque su reforma no se abordará este año, sino a partir de 2005.

La reforma de este texto legal es uno de los puntos incluidos en el plan de choque 2004-07, que ayer presentaron los responsables del Departamento de Bienestar y Familia y cuyo objetivo es lograr dar un impulso a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), en opinión de Simó, "la gran olvidada de los últimos años".

Falta de mantenimiento

El plan pretende capitalizar de nuevo una dirección de la que depende la atención a los 6.150 menores que están bajo tutela de la Generalitat y que arrastra un déficit de más de 40 millones de euros desde 1999. La falta de esta inversión ha motivado que muchos de los centros de acogida de menores se encuentren en un estado de conservación deplorable. El presupuesto de 2004, el primero elaborado por el Gobierno tripartito, ha concedido a la DGAIA un incremento del 28%, lo que, de momento, ha permitido la contratación de 48 educadores. Ello supone incrementar la plantilla en el 25% respecto a los 188 profesionales que actualmente atienden a estos menores. Este año también se prevé licitar las obras de mantenimiento y reforma de los centros de acogida de Rubí, Cerdanyola y Palau Solità i Plegamans, en el Vallès Occidental. Estas actuaciones supondrán unos 1,7 millones de euros.

Otra medida prevista en el plan de choque presentado ayer es el incremento de las ayudas asistenciales para las familias que deciden hacerse cargo de un menor que ha sido apartado de sus padres biológicos. Estas familias de acogida pasarán a cobrar 240 euros al mes, el 24% más que en la actualidad.

La creación de más plazas de acogida de menores es otra de las necesidades históricas de la DGAIA. De momento, Bienestar y Familia se ha comprometido a crear un centenar antes de dos años y a reconvertir los actuales servicios existentes en Barcelona para sumar otras 90 plazas de atención de 24 horas. También se pretende ampliar la protección y el apoyo a estos menores, si es que así lo desean, hasta que cumplan 20 años.