Confidentes policiales

La lista de nuevos comparecientes y documentos solicitada la semana pasada por los representantes del PP en la comisión del 11-M busca las más ligeras briznas de remotos indicios que les permita continuar atribuyendo -contra toda evidencia- la responsabilidad última y la autoría intelectual del atentado a ETA y a los servicios secretos del Reino de Marruecos. Aznar comparte esa fantasiosa conjetura, cuya matriz no es tanto una imaginación calenturienta o una mentalidad paranoica como una maliciosa estrategia desestabilizadora.

Sin descartar la vinculación de ETA con el terrorismo islamista ("todos los terrorismos son iguales"), el ex presidente lanza la piedra del infundio y esconde cobardemente la mano cuando insinúa venenosamente la implicación socialista en el atentado: la "conciencia absolutamente tranquila" de Aznar contrastaría con los sentimientos de culpabilidad "de aquellos que utilizaron esos hechos para tratar de alcanzar el poder". Porque "quien planteó el 11 de marzo en España sabía muy bien lo que quería y conocía bien el territorio. Tendría sus cómplices. ¿Cuáles son esos cómplices? Algún día lo sabremos".

Verde y con asa, alcarraza: en el fondo del escenario galopa la misma morisma que cruzó el Estrecho en el siglo VIII con el presidente Zapatero a la cabeza como el mítico Don Julián de las crónicas medievales. El PP solicita al Gobierno informes y documentos entorno a las más peregrinas hipótesis: desde la presencia de ETA en el cerco de Ramala o la Intifada palestina y su participación en el asesinato de siete agentes del CNI en Bagdad hasta la coincidencia carcelaria de presos etarras con internos implicados en el 11-M, pasando por el historial delictivo en el País Vasco de Jamal Ahmidan. En busca también de pistas acerca de la complicidad del aparato estatal del reino alauí en el atentado, los comisionados del PP solicitan información sobre las actividades de los servicios secretos marroquíes en España y el asesinato en Málaga de Hicham Mandari.

Como ocurre con el acertijo acerca de la precedencia temporal del huevo y la gallina, no es fácil determinar si la delirante conjura islamista-etarra-marroquí-socialista del 11-M fue diseñada originalmente por la dirección del PP o por los periodistas difusores de esa grotesca explicación del atentado. Los confidentes policiales que actuaron de intermediarios en la compra de dinamita y armas realizada por los terroristas islamistas del 11-M desempeñan un papel central en esta fábula conspirativa, alevosamente fabricada para sembrar la confusión en la opinión pública, para desviar la atención de las investigaciones sobre la manipulación electoralista por el Gobierno de José María Aznar del atentado y para atascar los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria mediante pistas inverosímiles sobre "cómplices" españoles que habrían trabajado en la sombra con el designio de que Zapatero ganase las elecciones. En la lista del PP no podía faltar, así pues, la solicitud de comparecencia de esos turbios rufianes, ya interrogados por el juez instructor del sumario del 11-M; según el director de El Mundo, sólo la presencia en el Congreso de sus oscuros protegidos daría "la oportunidad de salvar los muebles de la dignidad institucional" y serviría de baremo para juzgar "si finalmente la comisión habrá hecho lo que humanamente estaba en sus manos para cumplir con su cometido".

Es evidente que no corresponde a la comisión del 11-M sino al juez instructor y al fiscal la tarea de desenredar la habitual madeja de embustes inventados por los delincuentes habituales que colaboran con la policía a cambio de dinero o de reducciones de penas. Ciertamente, otras comisiones reclamaron previamente la comparecencia de gente imputada en un proceso penal; al igual que Mario Conde, Mariano Rubio, Luis Roldán y Antonio Camacho, los confidentes policiales podrían acogerse también al artículo 24 de la Constitución para no decir la verdad al Parlamento. La diferencia estriba en la justificación dada por sus padrinos a la presencia de los delincuentes del 11-M en el Congreso de los Diputados: la falacia de que el descubrimiento de la verdad sobre el atentado dependería de la comparecencia de los confidentes policiales es un insulto a esas víctimas cuyos sentimientos Pedro J. Ramírez está manipulando de forma nauseabunda a fin de convertirlas en grupos de presión sobre los comisionados para lograr su citación.