El Congreso pide al Gobierno que cambie el sistema de elección de jueces

Con matices, y algunos (PNV) con cierta mala gana pero, al final, todos los grupos del Congreso excepto el PP (189 votos a favor y 134 en contra) apoyaron una proposición no de ley de PSOE, ERC e Izquierda Verde en la que se pide al Gobierno que modifique la Ley del Poder Judicial para establecer la necesidad de mayorías cualificadas, distintas a la mayoría simple que rige ahora, a la hora de elegir magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. El PP se opuso argumentando que eso supone una ruptura de las reglas del juego en un asunto de Estado, como la justicia, sin consenso previo.

Llamazares asegura que el Poder Judicial es dependiente del partido de Rajoy

El PP vaticina "un tiempo muy triste para la justicia" tras la propuesta aprobada

El asunto se había presentado, ya por la mañana, por parte de los portavoces del PSOE y del PP, como de gran calado, así que, como es costumbre, el hemiciclo se fue vaciando tras la anterior votación sobre una propuesta relacionada con los trabajadores autónomos y permanecieron en sus escaños unos setenta diputados. Sin embargo y en contra de lo habitual, estuvo presente el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

La proposición no de ley contiene varias cosas más que la reforma del quórum para elegir ciertas magistraturas, pero la almendra política estaba en este asunto.

El texto aprobado incluye la petición de que en los Presupuestos Generales de 2005 se doten 250 plazas con las que se pueda dar acomodo a otros jueces, ahora sin destino.

Se pide también que los magistrados del Supremo puedan seguir "colaborando en los órganos jurisdiccionales tras su jubilación" y que "el Gobierno habilite medios económicos para mejorar la formación de los funcionarios de la Justicia, con especial incidencia en el conocimiento de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

Julio Villarrubia, en nombre del PSOE, subió a la tribuna desbordando contento. Tanto, que cerró su intervención pidiendo el apoyo para la "magnífica proposición" que pretendía obligar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial a buscar más consenso en el nombramiento de distintos cargos judiciales.

Hizo un canto a la propuesta convencido de que el Gobierno atenderá en los Presupuestos la dotación de 250 plazas y otros tantos órganos judiciales con lo que, dijo, se va más allá del compromiso electoral del PSOE o, más exactamente se acelera. Respecto al fondo del asunto aseguró que se trataba de un debate sobre "convicciones democráticas", de modo que se fuerza un mayor consenso en el Consejo del Poder Judicial, pidiendo mayorías cualificadas -podrán ser dos tercios, o tres quintos, eso no se precisó- frente a la mayoría simple de la actualidad.

Villarrubia defendió la necesidad de que ninguna mayoría, ni la actual -dominada por los conservadores, aunque eso no lo dijo- ni la que surja dentro de dos años cuando se renueve el Poder Judicial, pueda imponer su criterio con exclusividad.

Ignacio Astarloa, en nombre del PP, adoptó un tono grave para oponerse a esta pretensión, incluso de cierta solemnidad y consiguió una gran ovación de los diputados de su grupo cuando concluyó que ayer se iniciaba "un tiempo muy triste para la justicia en España" porque se volvía a tiempos pasados que, en su opinión se superaron en la legislatura pasada, con el Pacto por la Justicia, aunque el PSOE lo diera por roto poco antes de las elecciones de marzo.

El reproche de Astarloa tuvo dos direcciones. Por la forma: una proposición no de ley con un debate brevísimo y parcial para un asunto que afecta a uno de los pilares del Estado, y por el fondo: romper el consenso existente después de que hace dos años se lograse un acuerdo para superar los enfrentamientos que venían existiendo desde 1985.

El portavoz popular dijo que el PSOE ha reaccionado de forma impresentable a la vista de que las cosas no suceden en el Poder Judicial como el partido gobernante desearía y, por ello, primero ha enviado "toda clase de recados", haciendo saber ese descontento, y ahora se "pasa a la intimidación" en vista de que la mayoría del Consejo "no se pliega".

ERC e Izquierda Verde apoyaron sin fisuras la proposición que ellos mismos firmaron con el PSOE, en coincidencia con los tres partidos que gobiernan en Cataluña. Gaspar Llamazares hizo el discurso más político, al argumentar que no le asusta hablar del Poder Judicial como órgano político del que hay que preservar su independencia "que no es autodeterminación" porque "el Poder Judicial, sí es de este mundo y tiene relación con el poder legislativo".

Llamazares dijo que podía darse la paradoja de que el Poder Judicial fuese "independiente del Gobierno y dependiente de la oposición que gobernó hasta hace poco tiempo". El líder de IU exhibió las cifras de los últimos nombramientos del Poder Judicial y concluyó que sólo uno de cada cuatro pertenecen al sector progresista algo que, en su opinión, no concuerda con la expresión de pluralidad que debe reflejarse en todos los ámbitos. Astarloa le agradecería, después, la sinceridad al dejar claro, en opinión del portavoz popular, los verdaderos propósitos de la petición de reforma.

El resto de los grupos minoritarios anunciaron su apoyo al texto, pero lamentaron en distintos tonos que se haya presentado sin contar con todos y sin consenso. Margarita Uria (PNV) fue la más crítica en este sentido. CiU consiguió que se aceptase una enmienda para justificar su voto a favor.