La gran mayoría de los altos cargos judiciales se nombran sin consenso

La reforma legislativa que ayer inició su trámite parlamentario tiene como justificación el uso hecho por la mayoría conservadora (11 de 21 miembros) del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha eludido el consenso con la minoría progresista para los más importantes nombramientos de altos cargos jurisdiccionales, en especial en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

Así lo estima el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, quien califica ese uso como "abuso de los 10 vocales propuestos por el PP más el presidente". Salinas considera que frente a esa situación de abuso, "si no se busca el acuerdo de forma voluntaria, hay que forzar a negociar".

La minoría cree que el riesgo de que decenas de cargos sean copados ha anticipado la reforma

A diferencia de anteriores Consejos, incluso de mayoría conservadora, el actual ha impuesto un predominio de los candidatos de la misma tendencia que los progresistas consideran insoportable.

Salinas, por ejemplo, admite que la preferencia de magistrados conservadores, dada su mayoría en la carrera judicial, se produjera en una proporción de seis a cuatro, pero no de 11 magistrados conservadores por cinco progresistas, como ha llegado a ocurrir en el Tribunal Supremo.

El vicepresidente del Consejo considera que "la necesidad de consenso, establecida a partir del nuevo sistema de nombramiento de los actuales vocales del Consejo, como fruto del Pacto de Estado sobre la Justicia, será útil para este Consejo y para los que le sucedan, como ocurrió en el pasado, cuando hubo que elegir por mayoría de tres quintos a los magistrados del Tribunal Constitucional o al propio presidente y vicepresidente del Consejo, únicos cargos que requieren mayoría cualificada".

La minoría progresista ha tenido que hacer autocrítica durante estos primeros años de mandato, ya que aceptó elegir por unanimidad al actual presidente, Francisco José Hernando Santiago, en el convencimiento de que, de conformidad con el Pacto de Estado sobre la Justicia, su presidencia iba a concitar el consenso, la mediación y el diálogo en el seno del CGPJ, en lugar de "patrocinar de manera protagonista la política de mera imposición de los 10 vocales nombrados a propuesta del Partido Popular que viene caracterizando la práctica de los nombramientos del Consejo".

Otras fuentes judiciales recuerdan que sólo gracias al consenso pudo ser designado para la Sala Penal del Supremo, durante el Consejo de mayoría conservadora, presidido por Javier Delgado, un magistrado molesto para el poder Ejecutivo, de cualquier signo, como Perfecto Andrés Ibáñez.

Frente al riesgo de que la exigencia de consenso retrase algunos nombramientos y provoque que continúen vacantes importantes cargos jurisdiccionales, Salinas estima que "hasta ahora, aunque se tarde un poco, los escasos nombramientos que requieren consenso, terminan nombrándose y al final el retraso compensa, a cambio de que se produzcan unos nombramientos judiciales que conserven la proporcionalidad respecto a las tendencias de la carrera judicial".

La exigencia de consenso en el CGPJ para los nombramientos de cargos judiciales propiciará también, según otro vocal de la minoría progresista, Javier Martínez Lázaro, el establecimiento de un calendario de relevos global, que permita establecer un acuerdo que abarque un espacio temporal amplio, siempre que el pacto se cumpla conforme se vayan produciendo los nombramientos concretos.

En cambio, en la situación actual, según este vocal, los nombramientos se han ido presentando al pleno conforme se iban produciendo las vacantes y sin que el pacto abarcara un importante número de cargos, sino sólo los que corresponde en ese momento designar. Una necesidad de consenso permitirá una programación de las necesidades de cobertura de puestos y una planificación mayor para tratar de encontrar el juez apropiado a cada puesto judicial.

Desde el actual Gobierno, igual que desde el PSOE y la minoría progresista del Consejo, se reconoce que "la prisa de la reforma viene por la próxima renovación de los presidentes de las salas de lo Civil, de lo Penal y de lo Social del Tribunal Supremo, así como por la gran cantidad de magistrados del Supremo que se jubilarán a principios de enero de 2005".

El riesgo de que esas decenas de importantes magistrados sean copados por el sector conservador de la judicatura ha hecho que se anticipe la reforma, a fín de que se atempere la presencia mayoritaria de jueces conservadores con "la realidad del pluralismo de la carrera judicial y también del pluralismo de la sociedad española", en palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.

En la proposición de ley a la que se dio ayer vía libre por el Congreso de los Diputados se trata de paliar también la situación de los magistrados del Supremo, que se jubilarán a partir del próximo mes de enero, mediante su continuidad como eméritos, fórmula que no es bien vista desde la carrera judicial, del mismo modo que la proyectada ampliación de la edad de jubilación, actualmente fijada en 70 años, hasta los 72, que finalmente no ha prosperado.