Las compañías de móviles llevan a los tribunales el conflicto por las antenas

Pese a las llamadas al diálogo por parte de la Administración Central, las operadoras de móviles y los ayuntamientos están llevando a los tribunales la batalla por la instalación de antenas. La compañías han recurrido en los juzgados casi 1.000 decisiones municipales en relación con las ordenanzas que les prohíben o dificultan la instalación de antenas. Los tribunales superiores de justicia están dando mayoritariamente la razón a las compañías, que cuentan ya con más de 80 sentencias favorables. Industria intentará este mes poner fin a esta escalada judicial.

Ninguno de los sucesivos intentos realizados por las distintas administraciones para poner de acuerdo a los ayuntamientos y a las compañías de telefonía móvil a propósito del despliegue de antenas ha tenido éxito. El conflicto se dirime cada vez más en los tribunales. Las compañías han llevado a los juzgados casi 1.000 decisiones en referencia a ordenanzas municipales que impedían la colocación de antenas.

Las escasas sentencias en firme que se conocen están mayoritariamente del lado de las operadoras, aunque también hay fallos a favor de las corporaciones municipales. Según fuentes de las operadoras, hasta marzo pasado, 79 de las 88 sentencias dictadas se habían pronunciado a favor de las compañías.

Las operadoras se quejan de que sólo les conceden el 20% de los permisos para colocar las antenas que solicitan. Actualmente hay 25.000 antenas y se precisan otras 10.000 tanto para atender las necesidades de cobertura actual como para la nueva tecnología UMTS, la generación de telefonía móvil que permite la videollamada y la navegación por Internet. Como media se tardan 500 días desde que se solicita a una ayuntamiento el permiso hasta que se instala la antena.

La diferente jurisprudencia sobre el asunto dificulta precisamente la agilización de los procesos judiciales. En general, las competencias en materia de infraestructuras de telecomunicaciones corresponden al Estado, aunque los municipios pueden imponer condiciones por motivos de ordenación urbana o de impacto medioambiental (pero no sanitaria). No obstante, no existe ninguna regulación específica de la ubicación de antenas de telefonía móviles, vacío que los ayuntamientos ha aprovechado para establecer ordenanzas fijando, por ejemplo, distancias mínimas respecto a edificios como escuelas o hospitales.

Sin embargo, este punto también ha generado un importante conflicto puesto que la protección sanitaria por los efectos de las emisiones radioeléctricas también con competencia exclusivamente estatal. Por si fuera poco, las comunidades autónomas comienzan a legislar también sobre esta materia. Cataluña y Castilla-La Mancha son pioneras en esta materia.

Los tribunales superiores de justicia han comenzado a pronunciarse sobre la materia. Casi todas las sentencias van en la línea de delimitar las competencias municipales respecto de la ordenación urbanística. En este sentido, una de los fallos más emblemáticos ha sido el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la ordenanza municipal de antenas de Córdoba, uno de los municipios que se ha mostrado más beligerante contra la colocación de antenas. El TSJA anuló los artículos que obligaban a las compañías a pedir una licencia antes de instalar antenas, el puntal legislativo sobre el que el Ayuntamiento basaba su oposición a la instalación de antenas.

El TSJA ha dictado sentencias similares sobre ordenanzas de Écija (Sevilla), Conil (Cádiz), Villa de Río, Hinojosa del Duque, Santiponce y Aguilar de la Frontera (Córdoba).

En Cataluña, donde se han recurrido más de 100 ordenanzas, el TSJ también ha apoyado mayoritariamente los argumentos de las operadoras, entendiendo que los municipios invaden las competencias estatales. El Alto Tribunal catalán ha anulado la normativa aprobada por los consistorios de Les Borges Blanques, Reus, Roses, El Masnou, Gavà y Ulldecona, entre otros.

También se ha pronunciado el TSJ de Murcia, que ha dictado sentencia contra la ordenanza de Los Alcázares en la que se vuelve a mencionar la jurisprudencia constitucional para rechazar aspectos importantes de dicha normativa local.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado los artículos de las ordenanzas de l´Olleria y la Albatera que exigía a las compañías la obtención de una licencia previa del Ayuntamiento para la instalación de infraestructuras radioeléctricas en el término municipal.